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Presentación del balance gestión de tres años en la Delegación del Gobierno

Presentación del balance de gestión

Esta mañana he presentado el balance de gestión de los 3 años que llevo al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid. En rueda de prensa he explicado que, en este trienio, el elemento vertebrador de mi trabajo ha sido el hacer compatible la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos, con un balance de datos razonablemente positivo.

En todo momento hemos facilitado el ejercicio del derecho de reunión para que cualquier ciudadano se pueda manifestar pacíficamente en la Comunidad de Madrid. Durante estos 3 años se han celebrado 10831 manifestaciones (3419 en 2012; 4354 en 2013 y 3058 en 2014) y la inmensa mayoría de ellas se han realizado de forma pacífica.

En 2012, pusimos en marcha un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en tres pilares: prevención policial, participación ciudadana y colaboración institucional, que ha arrojado datos muy positivos:

  • La tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid, según datos provisionales, se sitúa en 56’2 infracciones penales por cada 1000 habitantes a finales de 2014 y es la cifra más baja desde 2003.
  • En las Comisarías de la Policía Nacional la delincuencia ha descendido en el 90% de ellas y sólo ha aumentado en tres.

Para alcanzar estos datos positivos en materia de delincuencia durante 2014 se han seguido impulsando las 6 líneas estratégicas de nuestro modelo de seguridad:

Reforzar la cooperación con Ayuntamientos y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se han celebrado, en la Comunidad de Madrid, 531 Consejos y Juntas Locales de Seguridad en distintos municipios.

Adecuar los dispositivos policiales para incrementar la eficiencia.
Se ha puesto en marcha en el ámbito de la Comunidad de Madrid la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y los Grupos Operativos de investigación Zonal (GOIZ) de la Policía Nacional, y las unidades del SEPRONA de la Guardia Civil han comenzado a operar en el Parque Nacional del Guadarrama y en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La UPR ha llevado a cabo 362958 actuaciones y se ha detenido a 3603 personas por delitos. Por su parte, los GOIZ han esclarecido 201 delitos desde que se crearon en mayo de 2014.

Hacer frente a la delincuencia organizada y a las tipologías delictivas que generen mayor inquietud social.
La Guardia Civil y la Policía Nacional, en estos tres años, han desarticulado 657 grupos criminales, han efectuado 4856 detenciones y 10552 delitos han sido esclarecidos. También, se han realizado 181 operaciones contra bandas latinas con 995 detenidos, 56 operaciones contra bandas de alucineros y butroneros con 304 detenidos y 706 integrantes de grupos de extrema derecha y extrema izquierda han sido detenidos.
Desde 2012, se ha incrementado la lucha contra el tráfico de estupefacientes y se han realizado 695 operaciones antidroga, triplicándose el número de detenciones en 2014 con respecto a 2013.
En Cañada Real se han llevado a cabo en la Cañada 45 grandes operaciones contra la delincuencia, con 216 detenidos y 76.000 efectos intervenido. Además, hemos cumplido el compromiso asumido con el resto de las Administraciones Públicas, poniendo en marcha la Mesa de Coordinación de Seguridad en mayo de 2014 para luchar contra la delincuencia en la zona mediante la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales, mejorar la planificación de actuaciones, y facilitar el intercambio de información.

Combatir la cibercriminalidad
En esta línea de trabajo se ha intensificado la lucha contra la cibercriminalidad, con 393 actuaciones y 155 personas detenidas.

Potenciar los programas de carácter preventivo
El objetivo de esta línea de actuación es evitar que los ciudadanos puedan ser víctimas o autores de determinados delitos. El Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Educativos ha experimentado un incremento de más de dos mil actuaciones anuales desde 2012 y se han llevado a cabo 16.153 actividades, con charlas de carácter preventivo con los alumnos sobre acoso escolar, bandas juveniles, drogas, riesgos de Internet o violencia de género. Además, el Plan Mayor Seguridad,en estos tres años, ha incluido 1.168 actividades.

Impulsar la participación de los ciudadanos
Destaca el programa de participación ciudadana que se creó en el marco de la Operación Candy con más de 250 reuniones directores de colegios y otras 50 asociaciones vecinales.
Desde 2012, hemos establecido canales de comunicación permanentes para facilitar y recibir información sobre asuntos de interés policial y se han multiplicado las actividades de participación ciudadana por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. Suman más de 27.779 y casi el 25% de ellas se han realizado con asociaciones de vecinos, comerciantes y otros colectivos ciudadanos.

El tercer objetivo de mi trabajo como delegada del Gobierno en Madrid es mejorar la gestión administrativa en lo referido a las competencias de la Administración General del Estado que gestiona la Delegación del Gobierno. Desde 2012, se han agilizado los procesos para prestar un servicio más eficiente, incorporando nuevas tecnologías orientadas a acortar los procedimientos, y se ha evitado que los ciudadanos tengan que desplazarse necesariamente para efectuar determinados trámites.

Los servicios de la Delegación del Gobierno han gestionado más de 488000 expedientes de extrajería, se han supervisado 14457 actas de plenos y juntas de gobierno municipales y más de 101000 acuerdos municipales para garantizar su legalidad. También, se ha atendido a 50.886 viajeros en el Centro de Vacunación Internacional y se han administrando 36.770 vacunas y, aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se se han supervisado en el 75000 partidas de alimentos para exportación e importación

Por último, quiero agradecer el buen trabajo diario que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las personas que trabajan en la Delegación del Gobierno en Madrid.

Palabras pronunciadas en el acto por el Día de la Constitución

Acto Día Constitución (fuente: MadridActual)

Conmemoramos el aniversario de la Constitución Española, en un momento histórico en el que se está poniendo gravemente en cuestión el fundamento sobre el que se asienta la Carta Magna, que es la gran nación española, y el proceso de Transición que permitió sentar las bases de nuestra convivencia.

Algunos, que se presentan ante los ciudadanos con soluciones mágicas para todo, parecen ignorar que hace ya 36 años, los españoles dieron durante la llamada Transición una muestra sin precedentes de cordura, espíritu colectivo, visión de Estado, responsabilidad y, sobre todo, lealtad institucional.

Se ignora que la Constitución de 1978 es símbolo inequívoco de libertad, enterró una dictadura y abrió las puertas de la democracia, proclamó derechos inviolables con el refrendo de los partidos de todas las ideologías y de todos los españoles y puso fin, en un momento decisivo de nuestra historia, a las incertidumbres sobre el futuro de España, creando una nueva estructura institucional y tratando de garantizar la cohesión territorial.

La Constitución fue el fruto del diálogo y de un gran pacto de convivencia en el que todos perdieron algo, para que todos ganaran mucho.

No hubo en su elaboración posturas inflexibles, posiciones irreconciliables, ideologías dominantes, odios insuperables, ni propuestas excluyentes.

Por encima de todo estaban España y los españoles, y todo lo que nos unía, todo cuanto conformaba nuestra seña de identidad y nos identificaba como una gran nación.

Aquel ilusionante 6 de diciembre de hace ya 36 años, todos los españoles, por primera vez en nuestra historia, fuimos llamados a ratificar y aprobar la Constitución mediante referéndum.

Casi cuatro décadas después, el balance de aquel empeño colectivo que cristalizó en la Constitución de 1978, sólo puede calificarse de positivo.

Algunos, hoy, en su análisis interesado y oportunista de la realidad, y haciendo gala de un clamoroso desconocimiento de nuestra historia, se han referido a la Constitución llegando a calificarla de “cerrojo”.

Es un análisis tan injusto, como equivocado y tendencioso.

Porque, muy al contrario, la Constitución de 1978 no fue un cerrojo, sino una llave que abrió en España la puerta de las libertades, de los derechos objetivos y subjetivos, y de la autonomía política y funcional de todos los territorios.

La Constitución puso fin al modelo centralista imperante históricamente y, si algo cerró, sólo fue la división entre los españoles, las pretendidas desigualdades territoriales y la ausencia de democracia en las instituciones.

Cierto es que el modelo constitucional puede y debe readaptarse a las necesidades del siglo XXI, para subsanar las deficiencias que hayan podido apreciarse en el desarrollo del modelo territorial, adecuar sus planteamientos a nuevos escenarios y necesidades económicas y sociales, o cualquier otro requerimiento sobrevenido.

Nada hay que lo impida.

Porque la Constitución no es un texto inamovible, una verdad revelada o un dogma incuestionable.

Es, sencillamente, el fruto de un pacto basado en el diálogo y el consenso, y estructurado sobre dos elementos nucleares:

La soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y la indisoluble unidad de la nación española.

No en vano ambos conceptos se sitúan en los artículos primero y segundo de la Constitución, y sobre ellos se construye toda la arquitectura constitucional.

Corren ya desde hace tiempo vientos disgregadores, generados, en unos casos, por quienes consideran que la Constitución es sólo un medio para alcanzar un fin y, partiendo de este criterio, pretenden romper la unidad nacional, y hacerlo además de manera unilateral.

En otros casos, por quienes quieren abordar una reforma que, fundamentalmente, se plantea con la idea última de configurar un modelo de Estado que, desde el punto de vista competencial, y al margen de su denominación, en la práctica ya existe.

Y, también, la Constitución está en el punto de mira de quienes pretenden hacer tabla rasa de nuestra principal norma de convivencia, con intenciones poco claras. Poniendo así en riesgo la norma que nos ha traído el periodo más largo de estabilidad y desarrollo de nuestra historia reciente, al utilizarse como referencia modelos constitucionales de otros continentes, cuya aplicación práctica ha generado democracias que de tales sólo tienen el nombre.

Nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos seguir esos modelos que coartan las libertades.

Se equivocan quienes, desde una u otra perspectiva, pretenden dejar de lado o enterrar sin más la Constitución.

Porque la Constitución prevé en su articulado la posibilidad de reforma, de revisión total, o de revisión parcial, para adecuarse a las nuevas necesidades.

Pero requiere para ello de mayorías cualificadas y de su ratificación mediante referéndum nacional, con el fin de que no pueda ponerse en peligro aleatoriamente uno de los principales valores de la Carta Magna, como es su contribución a la estabilidad de España.

Cualquier otra vía que pretenda alterar la Constitución es jurídicamente ilegal, políticamente desleal y socialmente disgregadora.

Abordar la reforma constitucional es, además, absolutamente inviable sin dos planteamientos esenciales: consenso y lealtad institucional.

No contribuyen, desde luego, a esa lealtad institucional, los dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas que, de forma interesada, y en un ejercicio de irresponsabilidad alimentan la diferencia en detrimento de la convivencia y potencian lo que nos separa, y no lo que nos une.

Esos dirigentes que alientan el separatismo desde las instituciones, y no el pueblo catalán, al que respetamos y queremos, son el problema.

Todavía es más desleal la actitud de algún partido de nuevo cuño que llega a renegar del concepto mismo de nación, limitándolo a una simple suma de espacios físicos que pueden separarse aleatoriamente como si fuera un puzzle.

Se trata de partidos radicales que, por serlo, se equivocan radicalmente, al olvidar que España no es un país de países, que no existen ni pueden existir 17 Españas, porque somos un Estado nacional, con todo lo que ello supone.

Pero no hay que caer en el pesimismo.

Porque, por encima de todos estos planteamientos está el concepto de nación, como patrimonio histórico y cultural común, forjado a lo largo de muchos siglos.

En esa síntesis de sentimientos sin exclusiones, en ese patrimonio colectivo que configura un alma indivisa e indivisible radica, precisamente, el concepto de nación española que nos une, nos ha hecho fuertes y nos ha ayudado a superar tantas dificultades a lo largo de la historia.

De esa historia colectiva que, por serlo, es de todos, y debemos tener el sentido común necesario, para que siga siéndolo. Al margen de ideologías, intereses partidistas o diferencias personales.

Sólo así podremos garantizar la convivencia entre los españoles y afrontar con éxito el futuro de esta gran nación que es España.

Muchas gracias

“Lo de las tarjetas de Caja Madrid resulta obsceno”

Entrevista en la Revista Tiempo, por Cristina de la Hoz (10 de octubre de 2014).

Cristina Cifuentes. Delegada del Gobierno en Madrid. Se felicita de que podemos haya contribuido a disminuir la conflictividad social, aunque eso no le ha quitado tanto el sueño como la investigación que ha culminado con la detención del pederasta de Madrid. No quiere especular sobre las quinielas que la sitúan en la candidatura a la alcaldía de la capital o a la presidencia de la comunidad.

“Lo de las tarjetas de Caja Madrid resulta obsceno”

ccifuentes_tiempo_ Paco Llata¿Llamar a Ada Colau filoetarra no ataca a su dignidad?
En ningún caso he dicho que la señora Colau sea de ETA ni que tenga nada que ver con ETA. Me refería a que había personas en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que habían tenido y tenían relaciones con determinado entorno del mundo etarra, como Doris Benegas, abogada de la PAH en Valladolid, o Stop Desahucios Vizcaya. Con su demanda deduzco que busca publicidad y una indemnización. Alega que, como consecuencia de lo que supuestamente dije, ha sufrido insultos y amenazas. Me gustaría que diera un paseíto por mi cuenta de Twitter para ver las amenazas de muerte directas que he estado recibiendo a lo largo de estos dos últimos años y que cada vez que ella cuelga un tuit con mi nombre, yo vuelvo a recibir.

Le ha tocado lidiar con el 15-M, Rodea el Congreso, las marchas de la dignidad… ¿Cree de verdad que son movimientos desestabilizadores o hay que sacar lecciones de ellos?
No se puede generalizar. El 15-M tiene poco que ver con movimientos que sí son desestabilizadores como Izquierda Castellana, las Coordinadoras Antifascista o Yesca. En las más de 10.000 manifestaciones que ha habido en los dos años y nueve meses que llevo en el cargo hay que diferenciar el derecho legítimo y constitucionalmente protegido que tiene cualquier ciudadano a salir a la calle a protestar de las manifestaciones que tenían intención de provocar violencia, altercados y desestabilizar. Ahora ya no hay 15-M, está Podemos. El hecho de que participe en el sistema ha contribuido en gran medida a que disminuya la conflictividad. En ese sentido, ha sido positivo que, y esto lo digo irónicamente, se hayan convertido en casta. Ahora todos somos casta.

La conflictividad en las calles se traslada ahora a Barcelona. ¿Ha faltado pedagogía en Cataluña?
Hay un buen número de catalanes que, incluso estando en contra de la independencia, respaldan la consulta. Creo que ha faltado explicar por qué se está en contra del 9-N, ha faltado explicar bien por qué es ilegal y no se debe llevar a cabo. La pedagogía nunca sobra.

¿Qué tal duerme desde la detención del pederasta de Ciudad Lineal?
Muchísimo mejor. Es la única cosa desde que soy delegada del Gobierno que de verdad me ha quitado el sueño. He pasado noches en vela, porque entiendo la preocupación de los padres y porque un depredador sexual suelto, activo y agresivo es una de las peores cosas que puede haber.

¿Es posible que haya cometido más delitos de los que se le imputan?
Sin duda, porque en este tipo de agresiones hay niñas que no se atreven a decírselo ni a sus padres y también porque hay familias que prefieren no denunciarlo. La Policía no descarta que este delincuente haya podido cometer algún otro delito.

¿Tiene recorrido la denuncia que ha presentado contra Interior y contra la Delegación del Gobierno por relegación de secretos?
El abogado ha llegado a acusar al ministro de crear alarma social con una rueda de prensa que fue impecable. Los datos que dio estaban hablado con la propia jueza con el objetivo de tranquilizar a la población. No se aportó ningún dato que no se pudiera dar. Espero que se le castigue con todo el peso de la ley.

Que en todo no excedería de veinte años de prisión. ¿Se deben repensar las penas para este tipo de delincuentes no reinsertables?
Ni se reinsertan, ni se quieren reinsertar y, de hecho, la gran mayoría reincide. En el nuevo Código Penal en tramitación parlamentaria se contemplan iniciativas como la prisión permanente revisable para pederastas en el caso de que haya un resultado de muerte. También la posibilidad de que cuando salgan del sistema penitenciario se les pueda hacer un seguimiento médico y de otro tipo. Soy partidaria de alargar las penas a los delincuentes sexuales contra los menores. No creo que nadie cumpla ante la sociedad y ante su víctima con una pena de seis años.

El anuncio de la detención permitió que la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón fuera portada solo de un día.
He oído que se hizo para encubrir la dimisión del ministro y he de decir que es rotundamente falso. Sabíamos que la detención podía producirse en cualquier momento, pero eso lo determinan exclusivamente el equipo de investigación, la jueza y la Fiscalía.

¿Comparte la opinión de que se administró mal la retirada de la reforma de la ley del aborto hasta el punto que la única salida de Gallardón era la dimisión?
No se si era su única salida. Cuando se gobierna hay un plus de responsabilidad. A veces se toman decisiones impopulares, con costes electorales, pero hay que gobernar pensando en la mayoría. En un tema tan sensible, que afecta a cuestiones no solo políticas o jurídicas sino también a las convicciones personales, el Gobierno tiene la obligación de buscar el más amplio consenso social posible.

¿Cuántas veces le han preguntado si va a ser usted candidata a la alcaldía de Madrid o a la presidencia de la comunidad?
Es una pregunta recurrente y lo malo es que la respuesta también lo es, pero debo ser muy convincente. Esta cuestión se abrió demasiado pronto. Llevamos más de un año hablando de esto. Creo que a los ciudadanos no les importa este debate endogámico, sino que les resolvamos los problemas, trabajemos y gestionemos. Y por encima de los candidatos, lo importante es el proyecto.

Ignacio González ha apostado por hacer tándem con Esperanza Aguirre. ¿Es la que más tirón tiene para el Ayuntamiento de Madrid?
Sin duda alguna. Creo que es uno de los principales activos que tiene el PP en Madrid y le avala toda su trayectoria, pero la elección de los candidatos la debe realizar, al margen de las preferencias personales, el comité electora.

¿Podemos atribuir las palabras de Gonzáles a una mala relación entre ustedes por sus choques institucionales?
En absoluto. Los choques institucionales son inevitables aunque estemos en el mismo partido. Si González hubiera dicho cosas diferentes hubiera sido verdaderamente sorprendente. Ha sido vicepresidente de Esperanza Aguirre, su delfín, su mano derecha y sigue siéndolo. Y en el Partido Popular, igual. Ella es la presidente y él su secretario general. Ese tándem es evidente, lleva años funcionando al menos los últimos diez años.

¿Y es posible un tándem González-Cifuentes o Aguirre-Cifuentes?
No voy a especular sobre candidaturas. Lo tendrá que decidir el comité electoral. Espero que se elija a las personas que no solo defiendan nuestro proyecto político, sino que tengan una mayor valoración del ciudadano. Sería absurdo que el PP presentara un candidato o candidata sin posibilidades de ganar. Yo no estoy en ninguna carrera, no quiero que nadie me vea como rival. Me dedico exclusivamente a mi trabajo y sería deseable que todo el mundo se centrara en sus responsabilidades dejando cualquier otro debate al margen.

Hasta los sondeos más optimistas dicen que es imposible que el PP revalide sus mayorías absolutas en Madrid.
No he visto esas famosas encuestas de las que todo el mundo habla, que, en todo caso, tienen un valor relativo. Al final los únicos sondeos que valen las elecciones y sabemos, por las europeas que hay un grado de desafección muy importante en buena parte de nuestro electorado. Ese debe ser el objetivo: recuperar la confianza de los ciudadanos que votaron al PP en las locales y autonómicas de 2011, que por las razones que sean, han perdido su confianza en el PP.

¿Por corrupción también?
Ha influido todo. En un contexto de crisis económico y de paro la corrupción política contribuye a deteriorar la relación entre los políticos y nuestros representados, y que nos ven como parte del problema y no de la solución.

Y lo último ha sido las tarjetas black de Bankia.
Me parece indignante porque estamos hablando de una caja rescatada con dinero público. Resulta obsceno que personas con sueldos astronómicos recibieran de forma opaca una media de 5.000 euros al mes, cantidad que yo no gano.

¿Deben salir del PP los miembros de su partido que han usado esas tarjetas?
Para empezar deberían devolver el dinero. Alguno ya lo ha hecho, como Rodrigo Rato. Pero este tipo de comportamiento no debería ser aceptado en los partidos. Habrá que ver qué personas y en qué medida se han aprovechado de esa situación porque, de entrada, puede haber delito fiscal. Si se demuestra que eso ha ocurrido, que esas personas han recibido esos ingresos de manera opaca, el partido debería pronunciarse.

DE LA DELEGACIÓN AL ESTRELLATO POLÍTICO
Hay un antes y un después en la vida de Cristina Cifuentes (Madrid, 1964) desde que un accidente en Madrid el año pasado estuvo a punto de costarle la vida. De aquel hecho aún le quedan algunas huellas físicas, como la marca de traqueotomía a la que tuvo que someterse, pero también internas. Por eso, cuando dice algo tan poco creíble en un político como que no tiene ambiciones, explica que se limita a trabajar y a disfrutar de lo que hace día a día porque no tienen mucho sentidos lo cálculos a largo plazo. Sin embargo, es una de las figuras emergentes del PP de Madrid en un momento en que se habla de revelos. Lamenta que cada vez que le preguntan al respecto “siempre te sacan las vueltas, te colocan en disparadero”. Nunca un delegada del Gobierno ha sido tan conocido, en buena medida porque le ha tocado un mandato conflictivo. “Me he tenido que acostumbrar” a todo tipo de demandas y de querellas, “y yo no soy aforada”, puntualiza. Quién sabe, quizá algún día lo sea.

Madrid: Libertad y Seguridad

Conferencia pronunciada en el Fórum Europa, titulada “Madrid: Libertad y Seguridad”.Forum Europa

I.- INTRODUCCIÓN
Decía Kennedy en uno de sus discursos que la responsabilidad del gobernante “es tomar decisiones, porque gobernar es elegir”.
Por eso, cuando hace dos años y medio el Partido Popular recibió la confianza de los ciudadanos para asumir el Gobierno:
Tuvimos que optar entre los intereses partidistas y España, y elegimos España, cosa que otros no hicieron ni antes ni ahora.
Tuvimos que elegir entre el conformismo de dejar las cosas como estaban, o el difícil reto de acometer reformas socioeconómicas imprescindibles, pero generadoras de descontento social, y elegimos el reto del cambio estructural y sus inevitables y negativas consecuencias electorales.
Tuvimos que decidir entre la irresponsabilidad de continuar gastando sin límite, o el compromiso de sanear la economía para evitar la bancarrota, y nos inclinamos por el compromiso del rigor y la estabilidad  presupuestaria.
Porque la política no es estar, es enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos. Es erradicar cualquier forma de corrupción, eliminar clamorosas desigualdades y ofrecer a todos, y especialmente a los jóvenes, un futuro esperanzador en su país. Es, en definitiva, adoptar las decisiones necesarias para avanzar hacia una España mejor, pese a que ello conlleve costes electorales.  Así lo entendemos en el Partido Popular.
En la segunda fase del Gobierno de Mariano Rajoy, en la que ahora estamos, podremos llevar a cabo aquellas medidas de nuestro programa electoral que tuvimos que aplazar, como la reforma fiscal y la bajada de impuestos, entre otras.
Porque consideramos que el programa electoral es un contrato suscrito con los ciudadanos, que hay que cumplir en cuanto las circunstancias lo hagan posible.
Para responder a los graves problemas socioeconómicos que nos situaban al borde del rescate,  el Partido Popular ha llevado a cabo el mayor proceso transformador de la historia reciente de España, y lo ha hecho en solitario, y en las circunstancias más difíciles de las últimas décadas.
El proyecto reformista del Partido Popular ha abordado la transformación económica y social de España desde una perspectiva integral, lo que ha supuesto la adopción de medidas en todos los ámbitos  para aumentar la competitividad económica, incrementar la transparencia, regenerar la vida política, luchar contra la corrupción, dinamizar el crédito y modernizar la Administración. Y eso es algo de lo que todos los militantes del Partido Popular debemos sentirnos orgullosos.
Este proceso transformador, que ahora empieza a dar sus frutos tímidamente,  no ha sido el resultado de la improvisación, sino del desarrollo de políticas coordinadas y coherentes que responden a modelos sostenibles impulsados desde los diferentes ámbitos y niveles de Gobierno.

II.- EL MODELO DE SEGURIDAD DE MADRID
Partiendo de este criterio, como delegada del Gobierno de España he querido contribuir también  al proceso transformador, impulsando desde el año 2012 un nuevo modelo de seguridad para Madrid, basado en la convicción de que una ciudad segura es más competitiva como espacio económico, más atractiva como destino turístico, más relevante como centro inversor, más idónea para generar empleo y, sobre todo, más grata como lugar para vivir y convivir. Sin seguridad no hay, desde luego, libertad: son dos caras de una misma moneda.
Nuestra política de seguridad ciudadana ha respondido, por ello, a un modelo propio,  de carácter integrador, en el que nadie está excluido y en el que todos los agentes sociales participan activamente: desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta los ciudadanos, instituciones y asociaciones.
Sólo así puede funcionar eficazmente un modelo  basado en los principios de prevención policial, participación ciudadana y colaboración institucional que, pese a la situación de crisis que vivimos, ha conseguido disminuir la criminalidad en la Comunidad de Madrid durante 2013 en un 3´7%, llegando hasta el 4´35% en la capital de España.
De hecho, en 2013 se cometieron en la Comunidad de Madrid casi 15.000 delitos y faltas menos que en 2012. Y en el primer trimestre de 2014 seguimos disminuyendo la criminalidad, registrándose casi 1.000 delitos y faltas menos, respecto a igual periodo del año anterior.
Permítanme que, en este punto, felicite expresamente al  Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil por su extraordinaria labor tanto en la mejora de la seguridad ciudadana como en la defensa de las libertades públicas.
El modelo de seguridad de Madrid se estructura en cinco líneas estratégicas, a las que me referiré brevemente:
La primera, reforzar la cooperación con los Ayuntamientos y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Porque creemos en la colaboración con instituciones y ciudadanos y en un modelo de gestión de la seguridad descentralizado, desde 2012 hasta hoy hemos celebrado 400 Juntas y Consejos Locales de Seguridad, la mayoría en pequeños y medianos municipios de la región. Como resultado de las mismas, en algunas localidades madrileñas la delincuencia ha descendido más del 20%.
La segunda línea estratégica del modelo de seguridad de Madrid se centra en el reforzamiento  de la policía de proximidad, es decir, una policía que está presente y recorre las calles y, especialmente las zonas sensibles, para evitar la comisión de delitos.
Ha sido esencial, en este apartado, la reorganización de efectivos y la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR), que desde 2012 ha llevado a cabo en Madrid 235.371 actuaciones, con más de 4.000 detenidos.
En tercer lugar, el modelo de seguridad de Madrid presta una especial atención a la delincuencia organizada y a las tipologías delictivas que se desarrollan en zonas concretas de la ciudad y que castigan a los sectores económicos y sociales más vulnerables.
Me estoy refiriendo a las bandas criminales que tienen ramificaciones en el conjunto de la Comunidad de Madrid y también fuera de ella; al narcotráfico, que causa un gran daño social; a los butroneros y aluniceros, que castigan al sector del comercio, o al proxenetismo, estrechamente vinculado, las más de las veces, con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También me refiero, por supuesto, a ámbitos urbanos con una especial problemática, como la Cañada Real, el polígono Marconi o Lavapiés.
El balance de actuaciones desde 2012 ha sido muy positivo: 518 grupos criminales  desarticulados, con 3.978 detenidos en toda la Comunidad; 96 grandes operaciones contra la droga en la Cañada Real, con 1.927 detenidos y 13 clanes del narcotráfico desarticulados; 68 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual desmanteladas, buena parte de las cuáles operaban en el Polígono Marconi; y desarrollo de un Plan específico de seguridad para el barrio de Lavapiés, que ha reducido la delincuencia en más del 2%.
Este conjunto de actuaciones ha contribuido, sin duda, a que el pasado año se cerrara con un descenso de la delincuencia violenta en Madrid del 11%, y un balance con 11 homicidios menos que en 2012. Madrid es una ciudad muy segura. De hecho, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes está por debajo de otras grandes capitales, como Londres, París, Roma o Berlín. En un ranking de 38 ciudades, Madrid ocupa el puesto 32.
Pero un modelo de seguridad quedaría incompleto si se centrara únicamente  en la persecución del delito y de los delincuentes, olvidándose de la prevención educativa y de la participación social.
Por ello, nuestra cuarta línea de actuación se centra también en la educación para la seguridad, con el fin de evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos. Hemos potenciado, con este fin, los programas dirigidos a jóvenes y mayores, que han contado con más de 14.000 asistentes.
Como quinta y última línea estratégica del modelo de seguridad de Madrid, me referiré a la participación ciudadana.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan conocer de primera mano las inquietudes de los ciudadanos, los riesgos de las empresas, las amenazas que sufren los colectivos más vulnerables, y para ello debemos mantener canales de comunicación permanentes.
Por eso en 2013 duplicamos el número de actividades de participación por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, hasta llegar a día de hoy a un total de 20.000 reuniones y actos de diverso tipo.

III. LOS RETOS DE LA SEGURIDAD
Nuestra política de seguridad no concluye con la determinación de un modelo propio, sino que se fija nuevos retos para adaptarse a la realidad social de cada momento y actuar con mayor eficacia.

Son cinco los retos que estamos abordando ya:
El primer reto es potenciar la lucha contra los ciberdelitos, Nuestra postura es de tolerancia cero con el uso delictivo de Internet y las redes sociales, lo que se ha traducido en un incremento del 40% en las operaciones relacionadas con la investigación tecnológica desde 2012.
El segundo reto es evitar la implantación de las bandas latinas en Madrid, un objetivo que hasta ahora hemos conseguido con la detención desde 2012 de 433 personas relacionadas con estos grupos. Para continuar luchando eficazmente contra las bandas latinas, vamos a impulsar los trámites de revocación de la residencia  y las órdenes de expulsión del territorio nacional de los miembros de estas organizaciones criminales, en aplicación de las leyes orgánicas  sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y  de Protección de la Seguridad Ciudadana. Insisto: hablamos única y exclusivamente de los delincuentes que pertenecen a estas organizaciones criminales.
Nuestro tercer reto es mejorar las dependencias en las que prestan su servicio público las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciando para ello la colaboración con los ayuntamientos y otras instituciones.
En cuarto lugar, nos fijamos como reto  incrementar  los programas de carácter preventivo, para evitar la progresión de nuevas conductas antisociales, que incurren incluso  en tipologías delictivas. Vamos a hacer un plan específico  para prevenir  el racismo en el deporte,  en colaboración  con la Liga de Fútbol Profesional y los colegios de Madrid.
Por último, nuestro quinto reto es adecuar permanentemente el modelo de seguridad de Madrid para hacer frente con eficacia a las nuevas tipologías delictivas, de tal manera que podamos seguir reduciendo la criminalidad.

IV.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Junto a la seguridad ciudadana, a la que acabo de referirme, el segundo gran ámbito de actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid tiene que ver con el ejercicio del derecho fundamental de reunión.
Estamos viviendo una crisis y un proceso de recuperación socieconómica difícil, en el que los españoles han tenido que hacer frente a muchísimas dificultades y sufrimientos y, como es lógico, esas tensiones se han trasladado a la calle que, en el caso de Madrid, y como si de un termómetro de la tensión social se tratara, vio multiplicado en 2012 y 2013 el número de manifestaciones.
El derecho de reunión y manifestación, al tratarse de un derecho fundamental y pieza clave de la democracia, goza de la máxima protección constitucional.
Hay tres aspectos de su regulación que no deben olvidarse: la Constitución, en su artículo 21, protege el derecho de reunión pacífica y sin armas;  el ejercicio del derecho de reunión no necesita autorización previa, requiriéndose únicamente una comunicación en tiempo y forma, y una manifestación sólo puede prohibirse “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
Se trata de un criterio exclusivo y excluyente, y no hay ninguna otra razón legal que legitime a la autoridad para impedir el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Subyace, sin duda, a este marco legal, el espíritu del legislador constitucional de impedir la arbitrariedad de los poderes públicos, y la autorización, o no, en virtud de la ideología imperante en el Gobierno de cada momento.
Estos han sido los criterios que han guiado  mi actuación en esta materia, desde el convencimiento de que sólo hay algo más desestabilizador para la democracia que una sociedad convulsa, y es una sociedad amordazada a la que se exija para manifestarse cualquier tipo de requisito no previsto en la ley.
Partiendo de este criterio, desde enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014, se han celebrado en la Comunidad de Madrid 9.179 manifestaciones que, salvo contadas excepciones, han sido pacíficas.
Hay que destacar, sin embargo,  que en 2014 han descendido de manera notable tanto  el número de manifestaciones, como los asistentes a las mismas. Concretamente, desde el 1 de enero al 31 de mayo,  se han celebrado en Madrid 803 manifestaciones menos que en igual periodo del año anterior,  lo que supone una disminución del 36%, y en el 90% de los casos la asistencia ha sido de menos de 200 personas.

Aún así, el número de manifestaciones sigue siendo todavía considerable, y, en todo caso, por parte de la Delegación del Gobierno, seguiremos trabajando para compatibilizar el derecho de unos ciudadanos a reunirse, pero también  el derecho de otros a transitar, a ejercer una actividad comercial,  o a disfrutar de la ciudad.
Esperemos, en todo caso, que la tendencia decreciente se mantenga, porque ello será el mejor síntoma de que avanzamos en la estabilidad económica y social.

V. ESPAÑA, HOY
Una estabilidad que todos debemos esforzarnos en mantener cuando España vive, como ahora,  tiempos de cambio.
Dentro de sólo unos días, asistiremos a la proclamación del nuevo Rey de España, Felipe VI, tras la abdicación de Juan Carlos I, que abre una etapa nueva y esperanzadora.
Sin embargo, en estos históricos y difíciles momentos, unos  plantean con fervor la necesidad de someter a referéndum la forma política  del Estado para instaurar la República;  otros abogan decididamente por romper España por la vía de la independencia de determinados territorios; y algunos partidos de nuevo cuño plantean  hacer tabla rasa de todos los consensos que han estado en la base de la estabilidad y la competitividad de nuestro país en las últimas décadas, y que conforman la esencia de nuestra democracia.
Ante estas actitudes disgregadoras y rupturistas, es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad, invocar el sentido de Estado de todos los representantes políticos y exigir que cualquier tipo de iniciativa que se plantee esté dentro de la legalidad constitucional.
Porque la Constitución de 1978  contempla distintos mecanismos orientados a hacer posible su reforma, siempre y cuando se cuente con las mayorías cualificadas necesarias.
Quienes se proponen instaurar un nuevo régimen político, quienes pretenden modificar el modelo territorial, quienes anhelan cambiar las reglas colectivas de convivencia, sólo necesitan tres cosas: plasmar sus reivindicaciones en un programa electoral, obtener la confianza de la mayoría de los españoles, y lograr el respaldo suficiente del Parlamento.
Esta es la vía. Esta es la única vía en un sistema democrático. Sin duda,  el legítimo ejercicio del derecho fundamental de reunión permite tomar el pulso del sentimiento y las reivindicaciones de los ciudadanos, pero no es un plebiscito en sí mismo, como pretenden algunos. En un sistema democrático, los cambios de rumbo de profundo calado no pueden establecerse sólo a golpe de manifestaciones y de calle, ni de referéndum al margen de la ley, sino de votos y de urnas.  Porque la democracia no son sólo las urnas, pero sin urnas no hay democracia.
Y a la hora de sopesar las opciones políticas, las alternativas económicas y los modelos sociales, no podemos ni debemos olvidar, al margen de las opciones personales de cada uno:
Que la Monarquía parlamentaria ha contribuido decisivamente a traer la democracia, a evitar que acabaran con ella, y a consolidarla durante los 39 años de reinado de don Juan Carlos I, por lo que merece respeto y confianza de cara al futuro en la persona del Rey Felipe VI,  que va a encarnarla a partir de ahora.
Que el Estado Autonómico ha hecho posible el reconocimiento de la vigorosa diversidad territorial, por lo que debe facilitarse  la eliminación de sus deficiencias y su readaptación a las necesidades del siglo XXI, siempre en el marco de la indisoluble unidad de la nación española.
Y que el modelo económico y social impulsado por la Constitución de 1978, ha contribuido a avanzar en el desarrollo y modernidad  de nuestro país, aunque resulte necesario eliminar sus imperfecciones y contradicciones, pero nunca rompiendo las reglas del juego que nos aportan estabilidad y credibilidad internacional.
Recientemente, hemos asistido a unas elecciones de carácter europeo, que han sido objeto de un análisis en clave nacional, y sobre cuyos resultados me van a permitir que haga hoy algunas breves reflexiones, con la perspectiva de las tres semanas transcurridas desde su celebración.
En primer lugar, que debemos tener muy presente que la soberanía reside en los ciudadanos, y que son ellos, con su voto, quienes deciden y diseñan el mapa político. Un mapa que no  está cerrado, que no es estático, y que puede modificarse sensiblemente, en cualquier momento,  con la inmensa fuerza de las urnas.
Partiendo de esta realidad, y tras el 25M, sigue habiendo en España dos grandes partidos mayoritarios, pese a haber experimentado una notable pérdida de votos. La  historia reciente acredita que la existencia de ambos partidos ha contribuido desde el inicio de la democracia a la estabilidad  política de España, y, en mi opinión, sería bueno que siguiera siendo así.
La disminución del apoyo electoral de los dos partidos mayoritarios, ha derivado en una fragmentación del mapa político que, de acentuarse en elecciones futuras de alcance local y nacional,  podría llegar a incidir negativamente en la gobernabilidad, la estabilidad y la integridad de España.
Máxime, si tenemos en cuenta el carácter rupturista en el ámbito político y territorial, de algunas de  las formaciones que han recibido el apoyo ciudadano, al calor de los graves  efectos sociales de la crisis económica y de proyectos separatistas contrarios a la lógica de los tiempos. De la aplicación real de las propuestas teóricas de unos y del resultado final de los proyectos disgregadores de otros, hemos tenido en la historia reciente de Europa y de América Latina  más de una experiencia práctica, y ninguna ha sido buena.
Es el caso del nuevo partido enraizado en el movimiento 15M, que plantea cambios radicales de carácter político, económico y social, y que pretende dejar a un lado los grandes consensos que hicieron posible la transición democrática y la Constitución. Todo ello en base a un programa que aúna a partes iguales populismo y demagogia, y cuya aplicación dañaría irreversiblemente, sin duda, nuestra credibilidad internacional. Pero el papel lo aguanta todo. Hay que decir al respecto, en todo caso, que es positivo que los movimientos antisistema se incorporen como una pieza más del  propio sistema, pero no lo es tanto que hagan una utilización partidista del descontento ciudadano ni que su objetivo final sea romper unilateralmente las reglas del juego democrático.
Destaca también en las elecciones del 25M el apoyo ciudadano a determinados partidos soberanistas catalanes, que no se conforman con el altísimo grado de Autonomía conseguido hasta ahora, sino que pretenden utilizar las elecciones, el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución  para  alcanzar la independencia de Cataluña.
Asistimos a un proceso escalonado  en el que algunos dirigentes y partidos catalanes han considerado que el Estado de las Autonomías  configurado en la Constitución, y delimitado por el Estatuto, no empieza y termina en sí mismo, sino que, en un ejercicio práctico de deslealtad institucional permanente, es una simple herramienta para avanzar, como decía una famosa frase cinematográfica, “hasta el infinito y más allá”. Entendiendo por tal la independencia de Cataluña rompiendo la unidad nacional y la propia unidad de Europa, no como último, sino quizás como primer paso hacia la configuración de un nuevo mapa político de alcance imprevisible, por su alto potencial expansivo en otros territorios limítrofes.
Por lo que se refiere al Partido Popular, la experiencia de las elecciones europeas y sus resultados, debe hacernos considerar tres cuestiones fundamentales.
La primera,  que no basta con hacer un extraordinario esfuerzo, como lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, para gestionar eficientemente la economía, crear empleo y salir de la crisis, si no somos capaces de que los ciudadanos  perciban que todos los esfuerzos y todos los sacrificios que se les han pedido tienen como único objetivo salvaguardar el interés general, que es el interés de los propios ciudadanos. Y haciendo posible, además, que los resultados de ese proceso no sólo se reflejen en las cifras macroeconómicas sino también en las economías domésticas y en la generación de puestos de trabajo.
La segunda cuestión a considerar, es que todos esos esfuerzos orientados a la recuperación económica, se ven empañados por episodios de corrupción, que debemos seguir combatiendo sin descanso, mediante el impulso riguroso de un proceso de  regeneración y de transparencia que devuelva a los ciudadanos la confianza en la política y en los políticos.
La sociedad no puede digerir nunca, pero más aún cuando a muchos ciudadanos les faltan recursos esenciales para la subsistencia, que quienes están al frente de las instituciones no guardan el más escrupuloso respeto por los recursos públicos. Por eso, para tratar de superar la desafección de los ciudadanos,  mostrando que los políticos no formamos parte del problema, sino de su solución, tenemos que ser inflexibles con la corrupción, y exigir no sólo legalidad, sino también ética en la gestión. Porque si la democracia no es capaz de acabar con la corrupción,  la corrupción puede acabar con la democracia.
La tercera cuestión  en la que debemos perseverar   es  en sintonizar no sólo con el electorado del Partido Popular, que por supuesto, sino también con el conjunto de la sociedad, que reclama que apliquemos medidas de reequilibrio social, eliminemos  lacerantes desigualdades económicas, y generemos empleo de calidad para acabar con los inaceptables niveles de paro, luchando contra la exclusión y facilitando oportunidades para la formación académica y profesional.
Sentando las bases, en definitiva, para avanzar hacia una sociedad más  competitiva en lo económico, pero también más justa, más equitativa y mucho más solidaria en lo social.
Estamos en el buen camino para alcanzar estas metas. Hay futuro y hay esperanza.
Pero debemos tener muy presente que no es momento para la división, sino para la unidad; no es momento para la autocomplacencia, sino para la autocrítica; no es momento para el egoísmo, sino para la solidaridad; no es momento para los localismos, sino para la visión de Estado.
Si todos, independientemente de las ideologías, lo entendemos así, podremos construir una España mejor y un mejor futuro para los españoles.

Entrevista en Republica.com

01/04/2014 – Entrevista realizada por Raimundo Castro, publicada en Republica.com.

Entrevista Republica.comSe nota que Cristina Cifuentes es licenciada en Derecho por lo mucho que acude a las leyes para ajustar su gestión y distanciarse de algunas propuestas desproporcionadas que platean sus propios compañeros del PP. Esa titulación marca su actuación hasta el punto de afirmar que “el derecho de manifestación, junto al de libertad de expresión, diferencia una democracia de una dictadura” y por eso no hay que ponerle cortapisas. No obstate, le preocupa la violencia mostrada por los grupos radicales el 22-M porque “supone una forma de guerrilla urbana nueva en Madrid”. Con estas premisas, Cifuentes se dispone a mantener una reunión con la alcaldesa, Ana Botella, probablemente este miércoles, para hablar de su propuesta de cerrar el centro de Madrid a las manifestaciones. Una propuesta que la delegada no ve viable salvo que se acometan las oportunas reformas legislativas.

– ¿Teme que se produzca una oleada de violencia desestabilizadora de la democracia y que su epicentro sea Madrid?

– En 2012 y 2013 las manifestaciones celebradas en Madrid en las que se produjeron alteraciones de orden público que obligaron a la Policía a utilizar material antidisturbios fueron solo ocho, frente a 7.773 concentraciones en total. En lo que va de 2014, han tenido lugar más de 700 manifestaciones, con incidentes relevantes en dos de ellas, especialmente la que tuvo lugar el 22 de marzo. Desde el punto de vista cuantitativo, por el momento se trata de un número de incidentes limitado, pero desde una perspectiva cualitativa, sí se aprecia, en lo que se refiere al 22M, un fuerte incremento de la violencia por parte de los radicales, que contribuye a desestabilizar el Estado de Derecho. La Policía, desde luego, actuará con firmeza, y siempre en el marco de la ley, para evitar que esos incidentes se conviertan en la oleada a la que usted hace referencia.

– ¿Piensa que algún sector radical “busca un muerto”, como suele decirse, para crispar la situación y desgastar al Gobierno?

– Es difícil saber en concreto cuáles son sus últimas intenciones, pero lo que sí es cierto que en los incidentes del 22 de marzo los radicales actuaron con inusitada violencia contra la Policía y podrían haber causado mucho más que lesiones a los agentes. De hecho, la Policía ha acusado a uno de los detenidos de homicidio en grado de tentativa, aunque el Juez ha rebajado esta imputación a un delito de lesiones. Espero que a la vista de los informes forenses, se apoye la acusación inicial de la Policía, porque según hemos podido ver todos, está plenamente fundamentada.

– ¿Se ha trasladado a Madrid los la famosa “kale borroka” vasca?, ¿los métodos y los encapuchados de Madrid tienen algo que ver con los agitadores de Euskadi?

-C.C.: La mayoría de los grupos radicales mantienen contactos entre sí, se retroalimentan y se intercambian estrategias. Las escenas que, desgraciadamente, hemos podido contemplar en Madrid en los últimos días se asemejan mucho a las que hemos visto reiteradamente en el País Vasco bajo el nombre de kale borroka, aunque creo que lo vivido aquí ha sido en algunos aspectos aún más violento, porque se ha sumado el vandalismo contra la ciudad y la extrema violencia contra la Policía. Se trata, sin duda, de una forma de guerrilla urbana que, por su intensidad y especiales características, es nueva en Madrid.

– ¿Qué solución constitucional permitiría regular el derecho de manifestación para evitar la violencia?

– El marco jurídico en lo que se refiere a la violencia está perfectamente delimitado por el artículo 21 de la Constitución, donde se reconoce, literalmente, el derecho de reunión pacífica y sin armas. El criterio de pacifismo como consustancial al derecho de reunión, es transversal en las constituciones de todos los países democráticos. Si en una manifestación hay violencia, ya no nos encontramos ante un ejercicio legítimo del derecho de reunión, sino ante otra cosa, como es un ilícito tipificado en el Código Penal. De lo que se trata, entonces, es de que los jueces apliquen la normativa penal como herramienta eficaz en defensa del Estado de Derecho.

– ¿Por qué no hay un protocolo de colaboración entre la delegación del Gobierno y los servicios de orden de los organizadores de las manifestaciones?

– En todas las manifestaciones de cierta entidad que son comunicadas a la Delegación del Gobierno se realizan reuniones de coordinación con carácter previo a las que, según los casos, asisten representantes de la propia Delegación, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, servicios de emergencia y organizaciones convocantes para analizar los distintos aspectos relacionados con la concentración y tratar de evitar conflictos.

– En ocasiones, las FSE han aislado a los violentos tras las grandes manifestaciones y han actuado contra ellos sin afectar al conjunto de los manifestantes. ¿Por qué no puede hacerse sistemáticamente?

– Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen sus protocolos de actuación cuando se producen disturbios y se aplican sistemáticamente, pero en función de las circunstancias de cada caso. Usted habla de aislar a los violentos “tras las manifestaciones”, pero, por ejemplo, en la que tuvo lugar el 22 de marzo, los incidentes empezaron antes de que la manifestación terminara. El horario comunicado discurría entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, y las agresiones a la Policía empezaron poco después de las ocho y cuarto, cuando todos los manifestantes pacíficos estaban presentes. Esta circunstancia condiciona sensiblemente la actuación policial porque no es lo mismo intervenir contra los violentos cuando están solos, que cuando se mezclan con asistentes que participan pacíficamente en la manifestación, donde hay personas de todas las edades.

– ¿Para qué sirven las multas y sanciones?

– Las multas son el resultado de la aplicación de las leyes actualmente vigentes, concretamente la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y la Ley 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. En ellas se tipifican una serie de conductas, en el caso de que haya una vulneración de la normativa y se fijan las sanciones que corresponden en cada caso. Mi obligación como delegada del Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes.

– En amplios sectores sociales se ha extendido la idea de que muchas actuaciones policiales han sido desproporcionadas y que, en esos casos, no se toman medidas sancionadoras. ¿Hay algo de eso?

– En absoluto. Tenemos una Policía democrática y profesional, que es la principal garante de nuestros derechos fundamentales y de nuestra seguridad. Su funcionamiento en materia de orden público se basa en los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Este es, precisamente, uno de los factores que han contribuido a que, con casi 8.000 manifestaciones en dos años, las intervenciones policiales hayan sido mínimas. Cuando existe alguna duda al respecto, se abre una investigación, como ocurrió en el caso de los incidentes de la estación de Atocha. Si no ha habido medidas sancionadoras ha sido porque los responsables de la Dirección General de la Policía no han encontrado motivos para ello.

– Por el contrario, otros sectores sociales piden que las leyes y la policía sean más duras. ¿Qué considera usted?

– La Policía no puede dejarse llevar por los planteamientos de unos o de otros. Tiene que trabajar, como lo está haciendo, con criterios estrictamente profesionales, y siempre de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. En cuanto a la normativa, el Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla medidas para dar respuesta a las nuevas conductas antisociales y violentas.

– ¿Por qué las marchas o manifestaciones son pacíficas fuera de Madrid y estallan en la capital?

– Incidentes ha habido en manifestaciones localizadas en ciudades distintas a Madrid. Hace sólo unos días, el 30 de marzo concretamente, se produjeron en Barcelona. En Madrid, como ya he dicho anteriormente, la gran mayoría de las manifestaciones son pacíficas, y el escaso número de altercados, por violentos que hayan podido ser, no pueden empañar lo que constituye la tónica de casi todas las concentraciones.

– ¿Qué opina de las propuestas de control de manifestaciones que ha hecho Ana Botella?

– Creo que todas las administraciones públicas con responsabilidad en la Comunidad de Madrid coincidimos en la necesidad de compatibilizar el derecho de reunión con el resto de los derechos de los ciudadanos. Como recordará, hace ya casi dos años planteé en solitario la necesidad de modular el ejercicio de este derecho, algo que en ese momento nadie parece que considerara necesario. La cuestión de fondo es que, como ya he dicho, el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y señala que su ejercicio no necesita autorización previa. Basta con una comunicación en tiempo y forma, y sólo puede prohibirse este derecho cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Estos mismos criterios constan en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, e inspiran su articulado.

–  ¿Hay que acotar el derecho de manifestción?

– El derecho de manifestación es probablemente, junto con el derecho a la libertad de expresión, el elemento esencial que diferencia una dictadura de una democracia. Precisamente por ello, con el fin de garantizar este derecho fundamental e impedir la arbitrariedad de los poderes públicos, en un sistema democrático como el nuestro apenas se establecen cortapisas en su ejercicio. La Delegación del Gobierno en Madrid analiza con detalle cada comunicación de manifestaciones, y trata de hacer compatibles los derechos de todos, pero lo cierto es que la mayor parte de las resoluciones en las que hemos modificado itinerarios, han sido rechazadas por los tribunales, imponiéndonos además el pago de las costas. La Jurisprudencia en este sentido está muy consolidada y es extremadamente garantista para preservar el derecho fundamental de reunión. No obstante, y aún teniendo en cuenta este marco jurídico, ya he manifestado a la Alcaldesa de Madrid mi predisposición a mantener una reunión cuanto antes, a fin de recibir sus propuestas concretas en este sentido para trasladarlas a los ministerios competentes.

¿Hay celos en el PP, como se afirma, por parte de quienes temen que se convierta en candidata a la presidencia autonómica o para alcaldesa?

– He dicho de forma reiterada que yo no estoy en ninguna carrera para ser candidata a nada, por lo que no hay motivos para que nadie tenga celos. Disfruto con mi trabajo al frente de la Delegación del Gobierno, y este trabajo es suficientemente intenso como para que no me plantee absolutamente ninguna otra cosa. Además, a raíz de mi accidente, prefiero no hacer planes a largo plazo.

– ¿Cómo valora la actitud de la oposición en las polémicas surgidas, sobre todo las de PSOE e IU? ¿Y la de los sindicatos (UGT, CCOO y los anarquistas de CGT y CNT?

– Prefiero no entrar a valorar la actitud de uno u otro partido u organización sindical en concreto. Sí tengo que decir, no obstante, que la condena de la violencia por parte de todos, desde los organizadores a la totalidad de partidos políticos y sindicatos, debe ser siempre inmediata y contundente. La tibieza, las condenas a medias, el sí pero… son posicionamientos ambiguos que acaban instrumentalizando los radicales. Y todos los demócratas debemos tener muy claro que ante la violencia, ante las conductas antisociales, ante los radicalismos extremos, no caben las equidistancias.

–  En el mundo de la izquierda algunos la llaman “la delegada de la porra”…

– Como le he dicho antes, las intervenciones policiales con utilización de material antidisturbios han sido mínimas por lo que creo que esa denominación tiene muy poco fundamento.

Enlace a la entrevista en Republica.com

Entrevista para Libertad Digital

29/03/2014 -Entrevista en Libertad Digital

Cristina Cifuentes - Libertad Digital (David Alonso Rincón)Sobre la mesa baja contigua al despacho de la Delegada del Gobierno en Madrid hay dispuestas en una bandeja una docena de piedras que el entrevistador, entre ajeno y acomplejado ante las corrientes decorativas modernas y sin duda impresionado por el boato del palacete de la calle Miguel Ángel, confunde con un ornamento. Enseguida Cristina Cifuentes nos hará notar que son alguno de los adoquines utilizados por los delincuentes del 22-M, arrancados del boulevard de Recoletos, iguales a los que hirieron a un agente antidisturbios. Mientras nos ofrece café y muestra con orgullo los cuadros de Tintín dibujados por su marido entramos en materia sobre la polémica del momento, aunque también repasaremos las opiniones y la trayectoria de quien, a decir de los mentideros, tiene mucho futuro político…

Es indudable que la crisis del 22-M ha provocado un enfrentamiento entre dirigentes del PP, particularmente el que usted ha protagonizado con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Me dirá que no hay nada en clave de lucha política detrás de ello, pero entenderá que muchos lectores puedan pensar lo contrario.

Yo no estoy en ninguna otra cosa que no sea, exclusivamente, la gestión del día a día e intentar solucionar los problemas de los madrileños. No estoy en ninguna carrera y si alguien quiere utilizar cualquier situación puntual para establecer intereses electoralistas desde luego no seré yo quien participe de ese juego.

¿Ha hablado en las últimas horas con Ana Botella?

No, no me ha llamado por teléfono.

¿Y con el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid [CAM] Salvador Victoria?

Tampoco me ha llamado por teléfono. Con el que sí que hablo con frecuencia es con Ignacio González, el presidente de la Comunidad.

Lo que usted ha dicho sobre la alcaldesa, tras su propuesta de limitar las zonas de manifestación en la capital, es muy duro en términos políticos, la deja como una indocumentada.

En absoluto he dicho eso, para nada. Lo desmiento completa y radicalmente. Además es que no creo que lo sea, para empezar. Lo único que he dicho, a lo que me he referido es a la propuesta que ella… parece que tiene, y digo parece porque yo no la he recibido todavía. Estamos hablando de cosas que han aparecido en los medios. Yo no la conozco pero por lo que he leído parece una propuesta que afectaría no sólo a Madrid sino a otras grandes capitales que pueden tener una problemática similar, porque pueden tener una alta afluencia de turismo; que tienen también un patrimonio histórico que proteger… por lo tanto, esto supondría la modificación de leyes orgánicas y no quedaría en el ámbito de la CAM y de la Delegación del Gobierno, sino que habría que contar con el Ministerio de Justicia, al de Hacienda, al de Educación e incluso con la Federación Española de Municipios y Provincias. Me gusta alguna de las cosas que ha dicho Ana Botella pero insisto en que lo primero es verlas negro sobre blanco y luego trasladarlas a la instancia que corresponda. No quiero que quede ni sombra de duda de que yo jamás haya dicho o piense eso de la alcaldesa, todo lo contrario.

Salvador Victoria ha dicho que usted ha cambiado en ocasiones itinerarios de manifestaciones, en concreto se refiere a una contra la Reforma Laboral que se convocó en Neptuno, junto al Congreso, y terminó celebrándose en la Puerta del Sol, donde está la sede del Gobierno regional.

No se cambió por decisión mía, sino en aplicación de la legislación y de las sentencias judiciales. Era una manifestación que se planteaba en el entorno del Congreso en un día de pleno y hay una serie de sentencias que prohíben la celebración de manifestaciones en esas circunstancias y por lo tanto en esa ocasión fue una de las pocas que se trasladó al lugar más cercano al que habían pedido los organizadores. Es un caso muy particular, esto no es algo que pueda hacer yo arbitrariamente ni de manera habitual. El derecho de manifestación está protegido en el artículo 21 de la Constitución. Aprovecho esta entrevista para dejarle claro a sus lectores que, en contra de lo que se está diciendo, incluso por responsables políticos, las delegaciones del Gobierno no autorizamos manifestaciones, porque no están sometidas a autorización previa. No tengo capacidad legal para ello. Únicamente, y acogiéndome a ese artículo 21, puedo prohibirla cuando existan “razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas”. Y eso siempre a criterio de los tribunales, que son los que deciden en última instancia. Quiero que quede claro: yo no autorizo las manifestaciones, simplemente tomo conocimiento de las mismas y no puedo cambiar su recorrido a mi antojo, por mucho que el consejero de presidencia diga lo contrario.

¿La presencia de observadores de la OSCE influyó en el dispositivo del 22-M? Hace unas horas se lo han preguntado en una entrevista radiofónica al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y se ha apresurado a decir que el dispositivo lo establece la Delegación del Gobierno.

Que yo sepa no. Las órdenes e instrucciones que yo di como delegada del Gobierno son las mismas que he dado siempre: que se utilizaran todos los medios antidisturbios, que son legales, para repeler cualquier agresión, y lo que siempre se le dice a los policías aunque ellos lo saben de sobra: que deben actuar bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. No hubo unas órdenes distintas por mi parte con respecto a ninguna movilización, y le recuerdo que en los últimos años he vivido ocho mil. Ahora bien, yo no dirijo el dispositivo, no estoy a pie de manifestación tomando decisiones sobre si un grupo de UIP [antidisturbios] debe ir en una dirección o en otra. Tampoco decido si hay un nombramiento o si hay un cese, eso no depende de mí, eso es competencia de la dirección general de la Policía. No me voy a enzarzar con nadie porque no quiero perder el tiempo, pero las responsabilidades quedarán establecidas en la investigación que ha abierto el Ministerio del Interior. Espero que sepamos cuanto antes sus resultados porque si hay errores hay que corregirlos.

La víspera del 22-M usted minimizó en una entrevista en esRadio las llamadas marchas de la dignidad. En concreto dijo que en la que partía de Toledo había sólo diez personas. No sé si se arrepiente.

Dije eso y dije más cosas. Era muy difícil prever la asistencia porque no dependía solamente de la gente que venía de fuera de Madrid, es verdad que en alguna eran menos de sesenta personas. Pero también dije, y lo mantengo, que la afluencia final iba a depender de quienes se trasladaban en tren y en autobús y, obviamente, de las personas residentes en Madrid. Me mantengo en todo lo que dije el viernes porque en ese momento era imposible la previsión, como en cualquier manifestación porque eso depende de la voluntad de los ciudadanos de acudir. Sí pensábamos que iba a ser una manifestación numerosa, y lo fue, pero una cosa es la manifestación en sí y otra las marchas.

Según diversas informaciones, en los actos violentos del 22-M es clave la participación de Resistencia Galega, que no es un grupo desconocido para las Fuerzas de Seguridad pero con el que ustedes no contaban entre los grupos que podían actuar violentamente.

A mi no me consta que Resistencia Galega haya participado. No quiero decir que no lo haya hecho, supongo que la Policía lo estará investigando. Lo que sí sé, por los informes policiales que recibí, es que había otros grupos muy radicales y violentos y que han participado en las movilizaciones de los últimos tiempos: Izquierda Castellana, las Coordinadoras Antifascistas, Yesca, los bucaneros… La Policía sabía que iban a ir estos grupos, pero la diferencia estriba, bajo mi punto de vista, en dos cosas: en otras ocasiones los radicales intervenían cuando ya se había terminado la manifestación, pero en esta ocasión no esperaron y eso dificulta de manera muy importante la intervención, y la segunda cuestión es que yo nunca había visto tal violencia y de tal intensidad. Eso tiene que llevar a replantearse la actuación policial, los protocolos, porque hasta ahora estaban centradas en un tipo de violencia radical y creo que esto ha superado las previsiones. Iban directamente a por los policías, como han demostrado las imágenes.

Volver a nacer un 20 de agosto

¿Cuándo se enteró de que se había producido una protesta de algunos profesionales porque usted ingresara en un centro público?

Cuando me subieron a planta y pude empezar a leer los periódicos.

Recientemente la número dos del PSOE y candidata a las europeas, Elena Valenciano, también tuvo una crisis de salud e ingresó en un centro privado, algo que también originó protestas.

Lo condeno radicalmente, es intolerable. Creo que cualquier persona tiene perfecto derecho a elegir el tipo de sanidad que quiere recibir. En mi caso fue especialmente injusto porque siempre he sido usuaria de la sanidad pública. Los servicios de emergencia me llevaron a La Paz y menos mal que lo hicieron, porque si no hubiese muerto seguro.

En la cuestión de fondo lo que parece indudable es que la CAM ha dado un paso atrás en la reforma sanitaria con la sustitución del consejero del ramo.

Eso es algo que tiene que explicar el Gobierno de la CAM. Yo entiendo que ellos han hecho ese relevo pensado en el bien de los madrileños.

Está muy de actualidad el caso de la niña de Treviño. ¿Usted cree que hay un problema de descoordinación entre las autonomías, que son las competentes en materia sanitaria?

Es evidente que lo hay desde el momento en que una niña muere y parece que eso no hubiese ocurrido si se la hubiera trasladado al hospital más cercano, que era el del País Vasco. Hay que tomar medidas para que ese tipo de cosas no se repita.

Una política forjada en Madrid

Ya sé que no quiere entrar en especulaciones, pero le pido un análisis de la situación, dada su amplia experiencia como diputada en la Asamblea de Madrid. Hay algunos datos importantes: se habla de encuestas internas del PP que advierten de la posibilidad de perder el poder en la CAM; Ignacio González, con el que acaba de decir que habla frecuentemente, ha alertado de la posibilidad de que PSOE e IU busquen un Tripartito con UPyD y es indudable que hay cuestiones como el revés en la candidatura olímpica que no favorecen precisamente las candidaturas de su formación. Ante ese escenario a nadie se le escapa que mediáticamente, internamente y socialmente se plantean quinielas ante un eventual relevo y su nombre, el de Esperanza Aguirre y como mucho dos o tres más son los que se manejan.

Yo veo todo eso en los medios. Debo decir que no me constan ninguna de esas encuestas de las que usted habla. Yo ni he entrado en ese debate ni voy a entrar porque no estoy en la carrera sucesoria de nadie, no tengo ninguna aspiración. El presidente de la CAM y la alcaldesa de Madrid están gobernando en situaciones muy difíciles y los militantes del PP tenemos que apoyarles.

Sobre lo del tripartito, y centrándonos en UPyD porque el PSOE e IU son fuerzas más arraigadas en Madrid. ¿No es una ironía del destino que un partido que nació para combatir a los nacionalismos periféricos haya terminado arraigando en una región que evidentemente no tiene ese problema?

En los plenos de la Asamblea, como se ve semanlmente, UPyD se alinea con el PSOE e IU.

Lo cierto es que desde que usted empezó a militar en política hasta ahora la CAM ha pegado un viraje político espectacular…

…yo empecé a militar hace tantos años, estábamos en la oposición…

…sí, Madrid era un bastión de la izquierda, algo que tiene raíces históricas obvias. Como digo, el cambio ha sido brutal, ustedes son muy fuertes en zonas de la región donde era impensable que llegasen a ganar como el Corredor del Henares, el sur…

…completamente, el cinturón rojo que se llamaba…

…ahora incluso tienen el ayuntamiento de ciudades del sur muy importantes como Getafe, Leganés o Alcorcón. En eso tienen un gran protagonismo Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. ¿Cuáles son las claves de ese cambio en la sociología electoral madrileña?

Cada uno vivió una época diferente pero consiguieron hacer de la CAM un lugar donde el ciudadano tenía la impresión de que su Gobierno hacía cosas por ellos, los dos fueron grandes presidentes. Hicieron las mayores infraestructuras públicas que tiene esta comunidad, Gallardón inició el Metrosur y Esperanza Aguirre lo amplió y fue mucho más allá. A ella le debemos la implantación del inglés en la escuela pública, en los Institutos y la puesta en marcha de doce hospitales públicos y más de sesenta centros de salud. Se trata de una estructura verdaderamente necesaria. Hicieron grandes cosas por esta comunidad, especialmente Esperanza Aguirre.

La cara más oscura de estos años es la trama Gürtel, que se asentó en la comunidad aunque luego los imputados fueron destituidos por la dirección regional del PP. ¿Qué falló?

Si yo lo supiera…

…usted habrá tenido trato más o menos frecuente con alguno de los imputados…

…sí, tuve trato con alguno, porque en esa época yo llevaba la secretaría territorial del partido y tenía que tratar con alcaldes y en concreto lo hice con tres que luego fueron imputados. Mire, es muy difícil saber en ese momento que hay una persona, que es compañero de partido, que está participando en una trama corrupta. Yo creo que ese caso y lo de Bárcenas [Luis] ha sido un shock para todos los militantes, el darnos cuenta de que había compañeros que estaban utilizando su cargo para enriquecerse de manera ilícita. Me llena de indignación y supongo que lo que podría haberse hecho, y lo que hay que hacer ahora es extremar los controles. Creo que el Gobierno en ese sentido ha tomado medidas de todo tipo, como el aumento de penas en la reforma del Código Penal para los delitos que tengan que ver con la corrupción política; una mayor fiscalización de las cuentas; la obligación de comparecer de los tesoreros ante el Tribunal de Cuentas periódicamente; la prohibición de las donaciones anónimas…en definitiva, una serie de medidas que unidas a la Ley de Transparencia pueden ayudar a paliar estos casos que, lógicamente, generan una gran desafección en la ciudadanía.

Usted ha estado muy vinculada a cuestiones culturales en la Asamblea de Madrid. Siempre se le ha colgado el sambenito al PP de ser un partido en guerra con el mundo de la cultura, recientemente Alfredo Pérez Rubalcaba volvió a incidir en ese argumento durante una sesión de control en la que pidió a Mariano Rajoy una rebaja del IVA cultural.

Es verdad que existe una creencia instalada de que somos enemigos de la cultura, pero eso es falso. A veces se confunde cultura o intelectualidad con otro tipo de cosas que no tienen que ver tanto, como determinadas cosas que están más relacionadas con el mundo del espectáculo. Ojo, no digo que el mundo del espectáculo no sea cultura, pero me parece que ese concepto engloba más cosas. Yo creo que siempre ha sido una prioridad para el PP la política cultural, que también supone la protección patrimonial, por ejemplo, en fin, muchas cosas como le digo. Yo sí que estoy de acuerdo con la rebaja del IVA cultural como han planteado algunos presidentes autonómicos, entre ellos el de Extremadura [José Antonio Monago] Sería importante porque estimularía la producción cultural en nuestro país.

A lo mejor a los lectores más jóvenes les puede sonar muy lejano, pero hubo un tiempo en el que el PP ejercía la oposición a Felipe González y José María Aznar hizo muchos guiños a lo que se considera “cultura de izquierdas”: elogiaba a Federico García Lorca, se encontraba con Rafael Alberti e incluso, en un terreno más político, reivindicó la figura de Manuel Azaña. Es un poco lo que los franceses llaman el rassemblement que Nicolás Sarkozy puso en práctica contratando a un escritor de discursos que venía de la izquierda o haciendo ministro de Exteriores a un socialista como Bernard Kouchner. Le pregunto si cree que hay que recuperar algo de ese espíritu y, más allá incluso, si España aceptaría un gran pacto de Estado como el que se ha realizado en Alemania entre la CDU y el SPD.

Primero creo que la cultura no se debería politizar, no debería haber una cultura de izquierda u otra de derecha. Ni tampoco se debería hacer política desde el mundo de la cultura, como se ha hecho en algunas ocasiones. A mí, si me gusta un poeta me gusta independientemente de sus opciones políticas, lo mismo le digo de un cineasta. Sería muy triste que uno sólo pudiera leer a literatos con los que coincide ideológicamente o ver películas de directores afines…a mí me encantan muchos cineastas españoles y extranjeros de los que estoy en las antípodas.

En cuanto al otro aspecto que apuntaba yo creo firmemente en los grandes acuerdos sobre cuestiones concretas, no en todo claro porque los partidos representamos opciones distintas. El ciudadano de pie no entiende la refriega permanente en temas como la unidad de España, la lucha contra el terrorismo o la política de inmigración.

Es evidente el descrédito de la clase política actualmente. Entre otras cosas se le achaca falta de formación o falta de vida al margen del partido. Usted es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de la Complutense ¿es una tabla de salvación?

Más que una tabla de salvación yo soy profesional de la universidad y volveré a ella, porque la política debe ser una actividad temporal. Es verdad que es una temporalidad a veces larga por circunstancias de la vida. Yo creo que cualquiera que participe en política debería tener una profesión. Volveré a la universidad, que además es un mundo que me encanta.

Pero mucha gente piensa que alguien que, como hemos comentado, puede tener futuro político; que ocupa un despacho como en el que estamos; que está acostumbrada al boato de lo institucional no volverá a, por ejemplo, negociar las vacaciones con un compañero de departamento.

Cualquiera que me conozca sabe que soy exactamente la misma persona que hace veinte años cuando era ciudadana de a pie. Tengo la cabeza muy asentada y sé que esto es un privilegio temporal. No estar en este despacho tan bonito, porque trabajaría exactamente igual en cualquier otro, sino el ejercer una responsabilidad que es importante, que me gusta, y en la que creo que se presta un servicio importante a los conciudadanos, ese es el privilegio. Para mí no será un problema volver a la universidad. Uno no es más ni menos por ocupar un cargo político, yo no tengo ese problema.

¿Cuántas veces le dicen sus asesores que no se implique tanto en las redes sociales?

Sí, me lo han dicho. Yo creo que es un buen elemento de comunicación con los ciudadanos, en Twitter llevo muchos años, ahora estoy menos básicamente por una cuestión de tiempo, porque trabajo doce horas al día de media. Intento aprovechar algunos ratos libres, pero no es como antes. Creo que es importante la presencia en las redes sociales aunque también tienen un lado negativo, porque mucha gente se esconde en el anonimato para insultar, los famosos troles que existen. Yo me quedo con la parte buena, con la gente interesante que hay y me parece que es una herramienta interesante para los políticos, para que conecten con lo que mucha gente piensa. Fíjese si me gustan que sigo ahí pese a los brutales insultos que recibí cuando tuve el accidente y estos días después del 22-M, que ha sido tremendo lo que he tenido que leer: que me monte en la moto, que por qué no me he muerto…en fin, insultos y amenazas de todo tipo y condición. Pero no me van a echar de las redes esos intolerantes.

Enlace a la entrevista en Libertad Digital