Todas las entradas de: José Antonio Bustamante Pérez

Empresario, 25 años dedicado a la exportación y una breve incursión en la Administración Pública (Delegación de Turismo de Sanlúcar de Barrameda). Ha participado en campañas políticas, etc.: A nivel local (Sanlúcar de Bda.). Actualmente inmerso en un proyecto que aglutine partidos independientes en la provincia de Cádiz.

10 años no es nada #11M

El Estado de Derecho, España y las víctimas se merecen que se investigue hasta el final

Foto referente a los atentados del #11M que tuvieron lugar en España. Se trata del segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes a la hora punta de la mañana (entre las 07:36 y las 07:40). Más tarde, tras un intento de desactivación, la policía detonaría, de forma controlada, dos artefactos que no habían estallado, desactivando un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 192 personas, y 1858 resultaron heridas.Si, como reza el título del libro de Marta Rivera, veinte años no es nada, diez años debe ser la mitad de nada. O dicho de otra forma, un suspiro; tal y como si hubiera pasado hace un instante. Exactamente así percibí lo ocurrido el pasado 11 de marzo con motivo del décimo aniversario de los brutales atentados de Madrid. Me vi transportado al día de los hechos volviendo a escuchar por parte de algunas personas y personajillos las mismas frases, los mismos ataques sin fundamento alguno, las mismas falacias y, lo más triste, la misma falta de respeto y sensibilidad para con las víctimas y sus familiares.

 
Si bien es cierto que algunos miembros del PP con responsabilidades dentro del Gobierno de la Nación han afirmado públicamente que la justicia ya dictaminó quiénes fueron los autores y, por tanto, ETA no fue la causante de la masacre, otros que no tienen esas responsabilidades y que marcan desde la calle Génova la línea del partido, volvían a sembrar dudas sobre la sentencia insistiendo en la teoría de la conspiración. “Con todo y con eso, si hay conocimiento de datos, de cosas y así arrojar toda la luz, siempre será bienvenido”, soltó Dolores de Cospedal mostrando de esta forma el camino a seguir a sus compañeros de partido. No tardó el presidente del Congreso, Jesús Posada, en sumarse a la causa manifestando que “hay otras cosas que no conocemos y otras que no se conocerán nunca”. De igual forma, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP de esa Comunidad, siguió con el despropósito iniciado por Cospedal al afirmar que “es importante saber quién hizo un atentado tan salvaje”. González Bermúdez, presidente del tribunal que dictó la sentencia, invitó al presidente madrileño a que se la leyera, mientras mantenía que las dudas son fruto de la ignorancia y la mala fe.

 
Si alguno de ellos tuviera el más mínimo indicio de que pudiera haber algo más, por ínfimo que sea, debería ponerlo inmediatamente en conocimiento de la justicia. El Estado de Derecho, España y las víctimas se merecen que se investigue hasta el final en caso de existir algún dato. En caso contrario, en el supuesto de que no tengan nada, deberían callar de una vez por todas
dejando de crear interesadamente separación, enfrentamiento y odio entre los propios ciudadanos. De nada ha servido que durante este tiempo el entonces jefe de los Tedax haya desvelado que Interior les propuso atribuirse el error sobre el explosivo para así “justificar la equivocación” del Ejecutivo. De nada ha valido que directores de distintos medios internacionales hayan reconocido que Aznar en persona les llamó para que publicaran que ETA fue la responsable de la barbarie y que incluso intentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenase a la banda terrorista para favorecer electoralmente al PP. Como si
nada de esto hubiera ocurrido, Jiménez Losantos, declaraba que en todo esto no hay más que una inmensa mentira propagada por el PSOE.

 
Otro de sus voceros durante todos estos años, Rouco Valera, en su homilía de despedida no pudo resistir la tentación de ser, por última vez, protagonista, triste protagonista, de la historia reciente al afirmar que “se mataron inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder, sociales y políticos”, siguiendo el guión marcado desde el PP. “Que tanta gloria lleves como paz dejas”, habrán pensado los familiares de las víctimas. “Después de diez años de sufrimiento no merece la pena ni que se dirijan a nosotros”, decía Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. La misma mujer que tuvo que escuchar durante esos durísimos días por parte de seguidores del PP que se metieran a sus muertos por donde pudieran.

Diez años no es nada; todo sigue igual.

Disciplina de voto

Hasta 500 euros le podrán caer a Celia Villalobos por haber roto esa férrea disciplina de partido

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

La falta de democracia y transparencia que estamos sufriendo los ciudadanos cobra, como no podía ser de otra forma, su mayor esplendor en las Cortes Generales. Tanto los senadores como los diputados elegidos por el pueblo para, en teoría, representarles, resulta que se convierten en meros monigotes sumisos al servicio de su partido que les impide, bajo amenaza de sanciones, expresar libremente sus opiniones y votar en conciencia.

A pesar de que el artículo 67 de la Constitución establece que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo” y el 79 dice que “el voto de senadores y diputados es personal e indelegable”, la realidad es bien distinta. En la práctica, votar en contra de lo que manden desde la cúpula, sea por convencimiento, conciencia o moral, es sinónimo de no volver a salir en la foto, aunque lo realmente triste es que el propio Tribunal Constitucional avala estos comportamientos en varias sentencias. En una de 1990 dice que “los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político”. O dicho de otro modo, se supone que si militan en un partido es porque están de acuerdo con su programa y, por tanto, solo cabe votar a favor. Hasta ahí, con matices, podemos estar de acuerdo pero, ¿qué ocurre cuando ese partido incumple el 90% de su programa?

La subida de IVA no la tenía el PP en su programa, ni la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ni la congelación del salario mínimo, ni las atrocidades contra los estudiantes Erasmus, ni la brutal subida de las cuotas de autónomos, ni la bajada de sueldos a funcionarios y la eliminación de una paga extra, ni la subida del IRPF, ni los inhumanos recortes en Sanidad y Educación. Tampoco creo que constaba en ese programa el convertirnos en el país europeo con la mayor subida de electricidad ni que se iba a fomentar el despido y la proliferación de contratos basura gracias a una reforma laboral pactada con los empresarios. A pesar de ello, ninguno de sus diputados se movió. Ninguno hizo de representante de los ciudadanos. Ninguno tuvo la gallardía necesaria para votar lo que el cuerpo le pedía. Salir en la foto, sigue siendo lo más importante para estos ‘representantes’ del pueblo.

Hasta 500 euros le podrán caer a Celia Villalobos por haber roto esa férrea disciplina de partido y votar en contra de la reforma de la Ley del aborto que pretende Gallardón. Enfrente de ella, el resto de mujeres del PP que aplaudían felices al falso progre que acababa de retrotraer el derecho de las mujeres -ellas incluidas- varias décadas. Eso sí, la imagen de unidad del partido que habían mostrado había sido magnífica. Así nos va.

La luz de la competitividad

Foto: perpe.es Spain Employment Services Feb 2014.
Foto: perpe.es
Spain Employment Services Feb 2014.

El pasado día 10 de febrero se cumplieron dos años desde que se pusiera en marcha la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP y, por raro que parezca, tengo que decir que ha cumplido perfectamente su objetivo. Cuando a un leñador le proporcionas un hacha, lo pones delante de un árbol y, por si le queda alguna duda, se lo señalas, lo más lógico es que ese árbol quede por los suelos. Esa misma lógica aplastante es la que se ha dado con los resultados de esa reforma. Cuando a las empresas le ofreces la posibilidad legal de no aplicar los convenios colectivos en lo que respecta a jornada, horario, movilidad o funciones, cuando contribuyes a que estas puedan rebajar los salarios o que puedan despedir impunemente a precio de saldo y contratar a otra persona con un sueldo mínimo interprofesional congelado por segundo año en lo que llevamos de legislatura, está claro que actuarán exactamente de la misma forma que ese leñador y los derechos de los trabajadores quedarán, irremediablemente, igual que ese árbol. Por tanto, no es de extrañar que tengamos más parados y menos afiliados a la seguridad social.

 

La reforma “marcará un antes y un después en la legislación laboral de España”, vaticinó Rajoy, y vaya si acertó. Jamás un plan le salió tan redondo. Estas reformas eran necesarias, decían, para flexibilizar el mercado laboral y, por encima de todo, para poder ser competitivos. Parece ser que la única forma que tenemos para poder competir es a base de sueldos muy bajos, pero yo, que nunca fui el más listo de la clase, no llego a entender eso. En Francia, por poner un ejemplo, el salario mínimo es el doble del que tenemos aquí, sin embargo son más competitivos que nosotros, por lo que parece obvio que el salario no es el gran condicionante par ser no competitivos.

 

Hace unos días me topé con un artículo sobre una empresa burgalesa que resulta ser el primer exportador mundial de revestimientos de techos de automóviles y que da empleo a 14.000 personas, de los que casi 3.000 de ellos se dan en España. Decía el presidente del grupo en dicha publicación que se encontraba con un grave problema: en España, la sede principal del grupo, paga la electricidad un 10% más cara que la planta que tienen en Francia y, agárrense, ¡un 64% más alta que la planta de EE.UU.! Si quieren seguir siendo competitivos tendrán que bajar los sueldos o cerrar la sede española para trasladarla a otro país que tenga unos costes energéticos más baratos.

 

Las eléctricas se han embolsado, gracias a las sucesivas subidas desde que comenzó la crisis, 21.600 millones adicionales, siendo el segundo país donde más ha subido desde 2008, llegando a doblar al país europeo más barato y siendo señalados por Bruselas como el país más caro en cuanto a distribución de la electricidad se refiere. En aras de esa competitividad, ¿será capaz el Gobierno de apretar las tuercas de una vez por todas a estas todopoderosas compañías eléctricas y apostar por la innovación y las energías renovables o seguirán hurgando en el ya maltrecho bolsillo del trabajador? Se admiten apuestas.

La convención del bochorno

Floriano, el vicesecretario general de Organización, dijo que han sido capaces de recuperar la economía de España, “salvaguardando siempre la sociedad del bienestar”.

monos-sabiosDurante el pasado fin de semana se celebró en Valladolid uno de los actos más bochornosos y lamentables que recuerdo en mucho tiempo. Allí se dieron cita durante tres días las altas esferas del Partido Popular para, según Rajoy, “pensar en España y en los españoles, en sus problemas, en sus necesidades y en sus anhelos”. Al final de la convención ha quedado demostrado que, como ya intuíamos, no tienen ni idea de cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades ni nuestros anhelos. Lo único que podemos sacar en claro de esa reunión es que la famosa gaviota la pueden sustituir en cualquier momento por los llamados tres monos sabios, esos que tienen uno la boca tapada, otro los ojos y el tercero los oídos; ni escuchan ni ven los problemas reales de los ciudadanos ni quieren hablar sobre los asuntos que nos preocupan. La convención la convirtieron en un ejercicio de autobombo sin igual, llegando a tener que ser atendidos un alto número de asistentes por presentar tortícolis persistente de tanto mirarse el ombligo.

 
Lo realmente alarmante de todo esto es que están ya tan acostumbrados a mentirnos sin el más mínimo rubor, que ya no se toman ni la molestia de intentar que esas mentiras sean lo más piadosas posibles. En ese sentido, Floriano, el vicesecretario general de Organización, no dudó en asegurar que en dos años han sido capaces de recuperar la economía de España, “salvaguardando siempre la sociedad del bienestar”. Y lo dice el hombre mirando a la cámara, sin atisbo de vergüenza alguna. Al parecer todas esas personas que han perdido derechos, ayudas o prestaciones deben estar mintiendo o viviendo una vida paralela porque la realidad es la que nos cuenta el Sr. Floriano.

 
Me he tomado la molestia -nunca mejor dicho- de leerme las 17 páginas que componen el discurso que Rajoy dedicó a sus acólitos. Después de quejarse amargamente por la deuda recibida, cuando como ya sabemos dijo públicamente que jamás se quejaría de eso ya que sabía perfectamente cuál era la situación del país, se dedicó a soltar una retahíla de sandeces que no tienen parangón en la historia de nuestra democracia. Decía que se hizo cargo de un país en el que crecía la deuda y los intereses para financiarla y que lo peor era el paro que lo hacía de forma desbocada. “Lo frenamos, lo detuvimos en seco”, aseguró. Hoy, dos años después, la deuda pública bate récord días tras día, alcanzando ya el 93,4% del PIB y necesitamos 40.000 millones de euros anuales para pagar solo los intereses de dicha deuda. El paro, por otro lado, ha subido durante su mandato en un millón de personas y solo durante el pasado mes bajaron los afiliados a la Seguridad Social en 184.000. Espero de corazón que el discurso se lo haya preparado alguno de sus 68 asesores sin graduado escolar, porque de lo contrario tendría difícil justificación este despropósito.

 
Ni una palabra sobre corrupción, ni una palabra sobre promesas incumplidas, nada sobre la Ley del aborto, nada, en definitiva, sobre los problemas de las familias. Eso sí, salieron todos encantados repitiendo como loros que el Partido Popular está más unido que nunca, pero la unión no es lo mismo que el corporativismo, señores del PP. Tan solo en la primera fila se situaban varios dirigentes en el ojo del huracán por la trama Gürtel y taparos unos a los otros no significa estar unidos, significa ser cómplices.

La venganza del mal perdedor

El TSJ de Madrid rechazaba el recurso del Ejecutivo de Ignacio González

Una semana más se ha demostrado que, en contra de lo que nos dicen desde el Gobierno, salir a la calle para exigir nuestros derechos sí sirve. Manifestarse para reivindicar lo justo, a pesar de que se nos tilde prácticamente de terroristas callejeros, sí tiene sentido y puede hacer que a nuestros gobernantes no les quede más remedio que rectificar. Lo triste del asunto es que, al igual que ese chiquillo repetidor que le sacaba dos cabezas al resto de la clase, utilizan su fuerza y su poder desproporcionado para vengarse de forma cruel y torticera de esos colectivos que les han puesto entre la espada y la pared. “La marea blanca ya no cuenta con el apoyo de hace unos meses, puesto que es una marea que se construyó sobre falsedades. Estas protestas se han convertido en pequeñas olas, porque no llegan ni a marejadilla”, decía Salvador Victoria, Consejero de la Presidencia de la C. de Madrid. El 27 de enero saltaba la bomba: El TSJ de Madrid rechazaba el recurso del Ejecutivo de Ignacio González y éste declaraba que paralizaba la tan criticada privatización de la Sanidad a la vez que su Consejero de Sanidad, Lasquetty -otro que se mofaba del tamaño de la marea hasta que fue engullido por ella-, anunciaba su dimisión. Sin embargo, como decía en el primer párrafo, a las pocas horas mostraban su particular forma de encajar el golpe al anticipar el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, un recorte adicional en dicha Comunidad de 130 millones en materia de Sanidad. Solo le faltó por decir “para chulos, nosotros, que para eso nos habéis votado”.

 
Algo parecido ocurrió en Valencia con la Radiotelevisión Valenciana cuando la Justicia tumbó el ERE declarando nulo el despido de más de mil trabajadores. La respuesta en forma de coz del Gobierno valenciano fue fulminante: cierre de la entidad y 1.700 trabajadores a la calle. Fabra lo justificó afirmando que tiene la obligación de priorizar los servicios básicos, cuando bien haría en investigar por qué se produjo el agujero de 1.200 millones. Se quejaba de que los gastos de personal de esa plantilla suponían 6 millones de euros al mes. En los tiempos de los desvaríos financieros en esa Comunidad se enterraron 300 millones en unas carreras de F1, sin embargo aún no lo he oído quejarse de ello.

 
Y para acabar, como no podía ser de otra manera, tenemos al ministro Wert, todo un especialista en eso de demostrar lo gallito que se puede poner uno cuando cuenta con una mayoría aplastante. Jamás perdonó a los estudiantes Erasmus por el bochorno que le hicieron pasar en noviembre cuando le obligaron dar marcha atrás en el recorte a dichas becas, llegando Bruselas a calificar las declaraciones del ministro como ‘basura’. Desde ese preciso instante comenzó a cocinar su venganza, hasta que esta semana por fin la consumó al anunciar que para el próximo curso las becas de los Erasmus se limitarán a un plazo entre cinco y seis meses, que se endurecerán los requisitos para acceder a ellas y que, además, se exigirá un nivel B2 o superior del idioma de la universidad de acogida.

 
Estos tres ejemplos no son ni mucho menos hechos aislados, más bien todo lo contrario. Es el reflejo de una manera de hacer política muy definida, el resultado de una forma de proceder muy concreta. La venganza de Ignacio González, la de Fabra o la de Wert responden a un modo de ser. Es la venganza del mal perdedor.

El precio del bienestar

110 millones de euros pagamos a diario por los intereses de la deuda pública

Desde el inicio de esta crisis-estafa nos han venido contando que el estado de bienestar que disfrutábamos era totalmente insostenible y que los españoles vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. Éramos todos unos derrochadores que gastábamos medicinas sin necesitarlas, queríamos más médicos de los que nos hacían falta, teníamos la desfachatez de aspirar a un contrato de trabajo con unas mínimas garantías, demandábamos una educación digna para nuestros hijos, pretendíamos tener policías, bomberos, asistencia para nuestros dependientes y todo eso sin querer que nos bajaran el sueldo o congelaran las pensiones.

 
Si los tristes atentados del 11-S sirvieron para que los mandatarios mundiales tuvieran carta blanca para usurpar nuestra privacidad y dejarnos totalmente desprotegidos, ésta crisis programada por los 4 o 5 que rigen los destinos del planeta ha sido la excusa perfecta para ponerles en bandeja de oro todo lo que venían reclamando desde hace mucho tiempo. Es decir, despidos libres, contratos basura, recortes de derechos, bajadas de sueldos y crear la necesidad de encontrar un empleo, sea bajo las condiciones que sea, convirtiéndonos de ésta forma en más súbditos que nunca y cambiando nuestra añorada libertad por miedo.

 
El Gobierno ha impuesto un tijeretazo de 16.092 millones a las comunidades autónomas y entidades locales para los años 2014 y 2015, que vienen a sumarse a los brutales recortes impuestos en estos años anteriores. Evidentemente Sanidad y Educación volverán a ser los dos grandes perjudicados, al suponer estas dos partidas el 40% y el 20% de las CCAA respectivamente.

 
Este jueves, 22 de enero, se ha cerrado de forma oficial el rescate bancario por un importe total de 41.300 millones que han servido para recapitalizar la banca y convertirlos, aparte de en entidades saneadas en las inmobiliarias más grandes del país con un ingente parque de viviendas. Recuperar la fluidez del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas y a los hogares españoles, que era uno de los objetivos principales de dicho rescate no se ha cumplido, pero nadie se preocupa por esto; se limitan a felicitarse mutuamente por el enorme éxito obtenido a costa de los bolsillos de los españoles porque, a contrario de lo que nos vendió Rajoy en principio, el Gobierno ya ha reconocido que ese dinero no podrá ser devuelto por los bancos.

 
41.300 millones, o dicho de otra forma, 2,5 veces los recortes previstos para los dos próximos años. Por tanto, lo insostenible no era el llamado estado de bienestar sino el cráter que había formado el sector bancario en el país. La sanidad y la educación no son imposibles de financiar, lo imposible es mantener las múltiples duplicidades en la administración, costear los sueldos millonarios de los ex dirigentes en las multinacionales y rellenar todos los agujeros ocasionados por la corrupción. 110 millones de euros pagamos a diario por los intereses de la deuda pública que, en dos años de gobierno PP ha pasado del 62% del PIB al 93,4%. Eso es lo insostenible, Sr. Rajoy, no los medicamentos para los enfermos de cáncer.

 

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Privatización de la seguridad

Gamonal, o la famosa gota

 

En las obras del bulevar de este barrio se han dado todas y cada una de las circunstancias que vemos a diario en los grandes asuntos de corrupción nacionales

FOTOMOVIMIENTO / JORGE LIZANA
FOTOMOVIMIENTO / JORGE LIZANA

Gamonal. ¿Alguien conocía Gamonal hace una semana? Sin embargo hoy está en boca de todos, sus vecinos han colocado al barrio en el mapa, se identifica como sinónimo de resistencia y el asunto ha traspasado fronteras publicándose los sucesos en medios de comunicación de todo el mundo.

 
No obstante, y a pesar de que bajo mi opinión tienen toda la razón del mundo, estoy convencido de que el ya famoso bulevar no es realmente el problema. Esa obra no es más que la famosa gota que suele colmar el vaso y acaba provocando un tsunami de consecuencias imprevisibles. Las personas, todas, tenemos un límite. Aguantamos estoicamente los excesos, las humillaciones y el expolio de derechos adquiridos durante muchísimos año de lucha, hasta que en un momento dado decidimos que hasta aquí hemos llegado. Sin lugar a dudas, de haberse producido en otros momentos y de otra forma, esta obra no hubiera significado problema alguno, pero en unos tiempos en los que la corruptela política es noticia diaria y las imposiciones el pan nuestro de cada día, el alcalde de Burgos ha mostrado muy poca inteligencia.

 
En las obras del bulevar de este barrio se han dado todas y cada una de las circunstancias que vemos a diario en los grandes asuntos de corrupción nacionales: un empresario -previamente condenado y encarcelado por falsedad documental- que, a base de pagar viajes a la Costa Azul francesa al ahora alcalde, consigue manejar las recalificaciones del Ayuntamiento. Un alcalde que, como agradecimiento por los regalos recibidos, adjudica la obra precisamente a la empresa de dicho constructor. Un despilfarro de 8 millones de euros cuando, para temas esenciales como mantener abierta la guardería, no son capaces de reunir 13.000 euros. El acalde que, haciendo oídos sordos al clamor en la calle, repite por activa y por pasiva que el proyecto se aprobó de forma consensuada, aunque sin explicar por quién. El PP que saca su artillería y llena las calles de antidisturbios para aprovechar vendernos lo necesaria que es la Ley de Seguridad Ciudadana, mientras intentan colarnos que existe un turismo radical que se desplaza por todo el país para protagonizar estos hechos y crear inestabilidad. Los datos, una vez más, desmienten al Gobierno; de los 40 detenidos, tan solo dos no eran vecinos de Burgos.

 
Ha ocurrido en Gamonal, pero podría haber ocurrido en cualquier lugar de España. La mecha se ha prendido y, mientras los gobernantes no rectifiquen y cambien de forma radical su forma de entender y ejercer el poder, será muy complicado sofocarla. Ya se ha extendido a ciudades como Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Madrid, sin embargo lejos de aceptar el hecho de que esto es fruto del descontento general, insisten en que Gamonal es un caso aislado. ¿Aprenderán de una vez y por todas que se deben a los ciudadanos, a escuchar sus demandas y a asumir que tienen la obligatoriedad de gobernar por y para ellos?

 

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Gallardón, el abortador de derechos

Durante 2012 descendió el número de abortos en casi 6.000, suponiendo un 5% de bajada

 

Foto: elmundo.es
Foto: elmundo.es

Nada me hubiera gustado más que dedicarle mi primer artículo del año a abogar por la ilusión y la esperanza y poder lanzar mensajes positivos, pero lamentablemente nuestros gobernantes se han propuesto no darnos ni un solo día de tregua, ni un respiro, en lo que a recortes de derechos se refiere. Esta vez ha sido Gallardón, ese falso progre que mientras fue alcalde de Madrid dispensaba de forma gratuita la píldora del día después, incluso a menores, el que se ha cubierto de gloria. El mismo que hacía campaña por el uso de preservativos y apoyaba las bodas entre homosexuales se ha plegado a las exigencias de la iglesia y del ala más dura y rancia de su partido. Cristina Cifuentes, Jorge Sémper o José Antonio Monago, que ha afirmado que “nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”, son solo algunas de las voces discrepantes dentro de su partido. Pero esta vez se ha ido más allá y el proyecto de ley ha traspasado fronteras. La ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, ha asegurado que “el derecho al aborto es un elemento importante”.

Nos quisieron vender, desde el mismo momento que se aprobó la ley de plazos en julio de 2010 por el gobierno de Zapatero, que la tasa de aborto aumentaría de forma escandalosa en todos los tramos de edad y, especialmente entre las más jóvenes. La realidad de las cifras ha golpeado de lleno a Gallardón y a sus defensores: durante 2012 descendió el número de abortos en casi 6.000, suponiendo un 5% de bajada. El año anterior, el primero completo con la actual ley de plazos, aumentó un 4,7% por lo que podemos hablar claramente de una estabilización de dicha tasa. De hecho, durante ese 2010, la tasa se situó en 11,49 mujeres por cada mil, que era exactamente la misma cifra que la dada en 2007 y por debajo de la tasa de 2008 que fue de 11,78.

Por tanto, durante un período durante el cual el aborto no era libre se abortaba igual o más que actualmente, lo que corrobora que una ley más restrictiva no es sinónimo de bajada de números de abortos. Tal extremo se confirma en el estudio mundial realizado por la OMS y el Instituto Guttmacher, de enero 2011 en el que se revela que hay más interrupciones del embarazo allá donde es ilegal. “Aprobar leyes restrictivas no reduce la tasa de abortos pero sí aumenta la muerte de mujeres”, afirma Gilda Sedgh, autora del estudio. En dicho estudio se constata que los países que gozan de una ley de plazos tienen las tasas de aborto más bajas de Europa.

Hasta aquí los números, mi opinión personal al respecto es una ley de plazos, que ya ha quedado demostrado que funciona y estabiliza el número de abortos -los países europeos con menor tasa tienen precisamente ley de plazos-, aunque introduciría un cambio en la actual. Yo sí veo imprescindible que las menores de edad necesiten autorización expresa de padres o tutores -salvo casos excepcionales- para interrumpir de forma voluntaria el embarazo. Si para comprar un paquete de tabaco o una cerveza necesitan ser mayores de edad no veo motivo para hacer lo contrario con algo tan importante como el aborto.
Mención especial para el presidente de Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, que ha rechazado el supuesto del aborto tras una violación. Podría decirle cualquier barbaridad, pero me limitaré a desearle que nunca tenga que lamentar una violación en el seno de su familia.

Privatización de la seguridad

Seguridad privada

 

 

 

 

Según el artículo 104 de la Constitución Española -esa misma constitución que, según para qué casos, es absolutamente intocable- serán las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, las que tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En ese sentido la  Ley Orgánica 2/1986, tras declarar, como se ha destacado, que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, añade que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos. Por más que miro, no veo ningún apartado en nuestra Constitución que aluda en estos términos a la seguridad privada.

A pesar de esto se ha aprobado esta semana la Ley de Seguridad Privada con los votos a favor del PP y sus socios nacionalistas de CiU y PNV. Una ley que otorga a los vigilantes de empresas privadas una autoridad que jamás hubieran soñado, facultándoles para cachear y detener a ciudadanos en la vía pública, además de vigilar en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, “llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”. Un paso más para establecer definitivamente un auténtico estado policial, como algunos venimos denunciando desde hacer ya mucho tiempo.

La primera reacción al escuchar esa noticia es, lógicamente, de estupor. ¿Realmente es necesario esto? Yo no creo que en España existan problemas de seguridad ciudadana como para que se tomen este tipo de medidas. Más bien todo lo contrario; motivos más que suficientes tenemos para hacer lo mismo que están haciendo en Ucrania o que anteriormente ya hicieran en distintos países árabes. Sin embargo estamos ahí, callados, sumisos, recibiendo un palo tras otro sin alzar la voz.

Sin embargo, cuando hurgas un poco en el asunto y se investiga un poco, el estupor desaparece para dejar paso a la comprensión más absoluta. Se trata de dinero. Nada más, ni nada menos, que dinero. Tanto el Ministro de Interior, como su número dos,  han confirmado que se busca favorecer el negocio de un sector castigado por la crisis y por el final de ETA. Nos podríamos preguntar por qué no ponen el mismo empeño en reconvertir, por poner algunos ejemplos, el sector naviero o la minería, de la que viven pueblos enteros pero, una vez más la respuesta a esa pregunta no es otra que el dinero. El dinero para los suyos, claro.

Y miren qué casualidad que Jaime Mayor Oreja, ex Ministro de Interior con Aznar, junto con sus hermanos José María y Carlos tienen importantes intereses en el sector de la seguridad privada en empresas tan importantes como EULEN, Prosesa, Prosegur, Protexa, Seguritec o Protección y Custodia, S.A.

Nada nuevo bajo el sol.

España con el paso cambiado

Foto: Web Ppopular
Foto: Web Ppopular

Al igual que esos orgullosos padres que en el famoso chiste observaban lo bien que desfilaba su hijo mientras veían a todo el regimiento con el paso cambiado, Rajoy no para de elogiar públicamente a sus ministros por cada medida y cada Ley que sacan adelante, gracias al rodillo de la mayoría absoluta, a sabiendas que no solo todos los demás partidos están en contra, sino también los colectivos afectados y la inmensa mayoría de la sociedad. No contentos con esto, lanzan frases que resultan repulsivas por irónicas. “Se trata del proyecto de Ley más consensuado y más participativo de la democracia”, no dudaron en manifestar en relación a la Reforma de la Administración Local.

Consensuado seguro que no, pero participativo sí que ha sido. Tan participativo que alcaldes, presidentes y consejeros autonómicos de su propio partido, así como el Consejo de Estado han participado para criticar abiertamente la reforma. El presidente popular de la Comunidad de Madrid ha manifestado recientemente que tendrá un problema de financiación si tuviera que asumir las competencias de los municipios de su comunidad porque, esa es otra, desde el gobierno de Rajoy siguen insistiendo que para las CCAA no habrá ni un duro más. Otra voz crítica dentro de su partido proviene de la Junta de Castilla y León, donde la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha denunciado que esta ley no solo no evitará duplicidades, como nos quieren vender, sino que tendrá un sobrecoste que ella mismo ha situado en 200 millones de euros para su Comunidad. Sin embargo, los principales perjudicados serán los propios ciudadanos, según Marcos, ya que los servicios sociales perderían al personal de proximidad, esenciales en estos casos, a la vez que se pregunta cómo va a sumir ella 10.000 plazas geriátricas de golpe que ahora pertenecen a residencias municipales.

Desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP, también han alzado la voz ante este auténtico golpe de estado en los ayuntamientos de toda España. La medida evidentemente no es económica: algo más de 2.000 millones al año, por mucho dinero que parezca, no es un ahorro -en el supuesto que haya ahorro- como para montar todo este jaleo. La idea que hay detrás es simple y llanamente alejar a los ciudadanos de sus políticos más cercanos, al esfumarse muchos servicios municipales, por no hablar del elevado número de ayuntamientos que desaparecerán directamente.

Actualmente el 75% de las Diputaciones están bajo el control del PP, por lo que no hay que ser muy avispado para intuir que esta norma no persigue otro fin que dotarles de más presupuesto y poder, en detrimento de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que suponen el 87% de los 8.117 que hay en España. La idea es ignorar la voluntad del pueblo, que ha votado por unos políticos concretos para regir sus destinos, y dejarlos en manos de políticos profesionales nombrados a dedo en esas Diputaciones provinciales.