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Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia. Especialidad en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por el CSEGAE-UCM. Formación en el área de psicología social, psicología de las organizaciones y desarrollo organizacional. Experiencia en materia de análisis y evaluación de programas y políticas públicas en el campo académico y profesional.

El futuro de las Diputaciones Provinciales


Patricia Vidal Hurtado
Politóloga 
Valencia
Temática: Análisis político.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad de Valencia. Especialidad en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por el CSEGAE-UCM. Formación en el área de psicología social, psicología de las organizaciones y desarrollo organizacional. Experiencia en materia de análisis y evaluación de programas y políticas públicas en el campo académico y profesional. 


Con el anticipo de las elecciones generales y la llegada del debate de campaña, la sociedad española está asistiendo a la disputa más clarividente entre los partidos políticos para encontrar las medidas oportunas que pongan fin a un contexto de crisis económica. No obstante, y para sorpresa de muchos expertos en materia local, existe una vía abierta en la amalgama de soluciones a la crisis: la eliminación de las Diputaciones Provinciales en el marco de reducción del gasto público y de recorte de la Administración General Española. Pero, ¿es esta una medida acertada?


Ante el inframunicipalismo característico de nuestra organización territorial, las Diputaciones Provinciales se constituyen como espacios de gestión de la intermunicipalidad en España. Estas instituciones trabajan diariamente en la mejor satisfacción de los intereses de los ciudadanos que residen en el ámbito local, a partir de la defensa de la identidad de los municipios y la mejor representación de los valores de los mismos, así como la prestación y gestión de servicios públicos en términos de efectividad y eficiencia.


Si nos remontamos al papel de las Diputaciones Provinciales en la historia de España, nos encontramos con que éstas han ejercido siempre la adaptación a los intereses locales de las políticas generales de la Administración Central. Y en la actualidad continúan realizando esta labor. La Diputación Provincial es el ente más próximo a la esfera de gobierno de los municipios y por ello ejerce una mejor representación de los principios que inspiran las políticas públicas que se formulan desde el Gobierno Central y Autonómico. No en vano, cabe recordar que la provincia adquiere su representación política a partir de los resultados electorales de los municipios y, por tanto, la consecuencia es que en España solamente existe una única instancia de poder local. De esa forma, el papel de la Diputación Provincial radica en mantener, a raíz de ese poder político derivado de las elecciones municipales, parcelas de actividad propias del ámbito local.  


Por su parte queda patente a los efectos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local  7/1985 la posibilidad de los entes locales, al amparo de la legalidad, de delegar en otras instancias locales de ámbito territorial superior el conjunto de competencias que no sean capaces de gestionar eficientemente por sí mismos. Desde este punto de vista, Calvo Sotelo ya interpretó que la provincia no disponía de competencias diferentes a las del municipio sino que, por el contrario, éstas eran coincidentes. Ello es necesario en un marco de entes locales a los que se les ha atribuido legalmente unos servicios que atender junto a otros que, mediante la partida de gastos, están obligados a asumir como servicios ajenos, careciendo a la vez del reconocimiento jurídico de competencias exclusivas con cargo en los presupuestos. De esa forma, el panorama en el que se encuentran los municipios españoles es el de la necesidad de atender las necesidades de sus habitantes, sin disponer para ello de fondos, frente a unas Comunidades Autónomas privilegiadas competencialmente desde la Administración Central para este fin, pero que como vemos, no lo están consiguiendo. La existencia de las Diputaciones Provinciales es consecuentemente necesaria para gestionar aquellos servicios públicos que determinados Ayuntamientos no pueden atender ante la carencia de recursos.


Por ese motivo, el debate partidista no puede centrarse en la eliminación de estas instancias de poder básicas y fundamentales para el funcionamiento de los entes locales, obviando la configuración territorial española. No obstante, el actual panorama en el que se encuentran tampoco supone el contexto idóneo para afirmar que las Diputaciones Provinciales están siendo capaces de llevar a cabo una gestión eficiente. Si lo que se pretende en la actualidad es una mejora en términos técnico-económicos, es necesaria una reforma y para ello las propuestas políticas deben centrarse en conseguir mejorar el rendimiento de estas instituciones en dos ámbitos muy concretos. Se debe atender a una revisión, por un lado, de la suficiencia económica y la autonomía financiera de los entes locales para que puedan hacer frente a la prestación eficiente de servicios públicos de los 8116 municipios que configuran la organización territorial española. Por otro lado, y como base de lo anterior, debe  garantizarse el principio de autoorganización de los municipios, y eliminarse la práctica actual en que las atribuciones de los entes locales dependen de las competencias de desarrollo de las Comunidades Autónomas, lo que mayoritariamente deriva en un bucle de remisión diabólica que bloquea la efectividad de la gestión territorial.


Como todo momento de ciclo recesivo, esta es la mejor oportunidad para buscar alternativas factibles y viables que permitan avanzar hacia la mejora de la estructura institucional en España.