Privatización de la seguridad

Seguridad privada

 

 

 

 

Según el artículo 104 de la Constitución Española -esa misma constitución que, según para qué casos, es absolutamente intocable- serán las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, las que tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En ese sentido la  Ley Orgánica 2/1986, tras declarar, como se ha destacado, que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, añade que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos. Por más que miro, no veo ningún apartado en nuestra Constitución que aluda en estos términos a la seguridad privada.

A pesar de esto se ha aprobado esta semana la Ley de Seguridad Privada con los votos a favor del PP y sus socios nacionalistas de CiU y PNV. Una ley que otorga a los vigilantes de empresas privadas una autoridad que jamás hubieran soñado, facultándoles para cachear y detener a ciudadanos en la vía pública, además de vigilar en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, “llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”. Un paso más para establecer definitivamente un auténtico estado policial, como algunos venimos denunciando desde hacer ya mucho tiempo.

La primera reacción al escuchar esa noticia es, lógicamente, de estupor. ¿Realmente es necesario esto? Yo no creo que en España existan problemas de seguridad ciudadana como para que se tomen este tipo de medidas. Más bien todo lo contrario; motivos más que suficientes tenemos para hacer lo mismo que están haciendo en Ucrania o que anteriormente ya hicieran en distintos países árabes. Sin embargo estamos ahí, callados, sumisos, recibiendo un palo tras otro sin alzar la voz.

Sin embargo, cuando hurgas un poco en el asunto y se investiga un poco, el estupor desaparece para dejar paso a la comprensión más absoluta. Se trata de dinero. Nada más, ni nada menos, que dinero. Tanto el Ministro de Interior, como su número dos,  han confirmado que se busca favorecer el negocio de un sector castigado por la crisis y por el final de ETA. Nos podríamos preguntar por qué no ponen el mismo empeño en reconvertir, por poner algunos ejemplos, el sector naviero o la minería, de la que viven pueblos enteros pero, una vez más la respuesta a esa pregunta no es otra que el dinero. El dinero para los suyos, claro.

Y miren qué casualidad que Jaime Mayor Oreja, ex Ministro de Interior con Aznar, junto con sus hermanos José María y Carlos tienen importantes intereses en el sector de la seguridad privada en empresas tan importantes como EULEN, Prosesa, Prosegur, Protexa, Seguritec o Protección y Custodia, S.A.

Nada nuevo bajo el sol.

José Antonio Bustamante Pérez

Empresario, 25 años dedicado a la exportación y una breve incursión en la Administración Pública (Delegación de Turismo de Sanlúcar de Barrameda). Ha participado en campañas políticas, etc.: A nivel local (Sanlúcar de Bda.). Actualmente inmerso en un proyecto que aglutine partidos independientes en la provincia de Cádiz.

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