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La masonería valenciana del GOdF pide #Referendumya

La masonería pide #ReferemdumYa y una regeneración democrática de la sociedad

Dentro de unos días tendrá lugar la coronación de #FelipeVI y son muchas las voces que piden que la ciudadanía española pueda decidir que modelo de Estado quiere. Entre estas voces ha surgido la masonería valencia del Gran Oriente de Francia con este comunicado:
Comunicado Oficial Logia Blasco Ibáñez
Comunicado Oficial Logia Blasco Ibáñez

Ante el reciente proceso de sucesión dinástica en la jefatura del Estado, la Logia “Blasco Ibáñez” de Valencia, en concordancia con su historia, sus principios e ideales, desea manifestar públicamente lo que sigue:

La voluntad del pueblo es la fuente de la autoridad de los poderes públicos. En consecuencia, todas las instituciones del Estado, incluida la monarquía, deberían subordinarse, en un sistema democrático, a la soberanía popular.

La ciudadanía tiene un derecho ineludible a elegir el modelo de sociedad que desee, derecho éste que no puede quedar sometido a intereses, límites y condicionamientos ajenos a sus aspiraciones. Consideramos que ha llegado el momento de EXIGIR la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado, para que el pueblo pueda decidir si prefiere continuar con una monarquía o proclamar la III República.

Así mismo, como Masones y Masonas conscientes de la necesidad de una regeneración democrática de la sociedad, abogamos por la puesta en marcha de un proceso constituyente que garantice el derecho de los pueblos a su pleno autogobierno, la solidaridad entre los mismos, el ejercicio de las libertades de conciencia y de expresión y el laicismo como base de la educación y la convivencia.

Tras el oscuro período de la dictadura franquista y de una monarquía borbónica heredera y deudora de aquella, reivindicamos la legitimidad histórica de la II República y el final definitivo de la “Transición”. Opinamos que el pueblo español ya ha transitado lo suficiente, y que le corresponde ahora expresar, con su voto, la madurez política que algunos pretenden enajenarle.

¡¡Viva la República!!

En Valencia a 16 de Junio del 2014.
http://www.masoneriavalencia.com/

 

220px-Marianne_maçonniqueLa Francmasonería es, según dice el primer artículo de su Constitución, “institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, tiene por objeto  la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad; trabaja por la mejora material y moral, el perfeccionamiento intelectual y social de la Humanidad.

Tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto a los demás y a uno mismo, la libertad absoluta de conciencia.

Considerando las concepciones metafísicas del dominio exclusivo de la apreciación individual de sus miembros, rehúsa toda afirmación dogmática.

Otorga una importancia fundamental a la Laicidad.

Tiene por divisa: Libertad, Igualdad y Fraternidad.”

La Logia Blasco Ibáñez pertenece al Gran Oriente de Francia

 

Palabras en el homenaje a la Constitución

Cifuentes y Gonzalez aniversario Constitución

Palabras que he pronunciado en el acto oficial celebrado con motivo del 35 aniversario de la Carta Magna Española, en la Real Casa de Correos, en el que también ha participado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Han pasado 35 años desde que los españoles, al refrendar con nuestro voto la Constitución de 1978, sentamos las bases para la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad territorial, y la garantía de los derechos y libertades públicas. Todos los elementos que nos definen e identifican hoy como Nación.

La Constitución de 1978 marcó un antes y un después en nuestra historia, porque no era un texto impuesto, sino el fruto del consenso, del diálogo, de la voluntad de reconciliación, de la cesión de unos y de otros para alcanzar una meta común que permitiera reforzar lo que nos une como Nación, sentando las bases para construir una sólida democracia y desarrollar un nuevo modelo territorial.

Decir Constitución en 1978 era decir nuevos tiempos, democracia, unidad, solidaridad, afán de justicia y libertad, proyecto común como Nación, sobre la base de unas reglas de juego diseñadas por todos, aceptadas por todos y respetadas por todos.

A lo largo de estos 35 años, la Constitución no ha defraudado las expectativas que los españoles pusimos en ella y ha contribuido decisivamente a la estabilidad política, a la vertebración territorial y a la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos mediante el imperio de la ley.

Como factor de estabilidad política, la Constitución ha definido una forma de Estado basada en la monarquía parlamentaria, que durante décadas ha permitido desarrollar en paz un proceso de transformaciones y modernización sin precedentes.

Como factor de vertebración territorial, la Constitución ha hecho posible que las comunidades autónomas alcancen cotas de autogobierno impensables hace sólo unos años.

Como garante de los derechos fundamentales y libertades públicas, la Constitución se ha configurado como un referente para preservar sus valores en todo el ordenamiento jurídico, velar por los derechos humanos, y evitar situaciones de abuso y discriminación.

La Constitución es hoy, sin duda, la piedra angular de nuestra democracia y la base más firme de instituciones y organizaciones esenciales para la convivencia en libertad, como la Corona, las Cortes Generales, el Poder Judicial, los partidos políticos o los sindicatos que, al margen de situaciones coyunturales, debemos fortalecer como garantes de los derechos fundamentales y libertades públicas y, en definitiva, del sistema democrático.

Todo ello, sin perjuicio de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de iniciativas como los movimientos sociales, que la propia Constitución reconoce, pero que no puede sustituir, según algunos pretenden, a la democracia representativa fundamentada en los partidos políticos.

Porque la democracia no son sólo las urnas, pero sin urnas no hay democracia, y la Constitución representa la mayor salvaguardia del sistema democrático que, hoy por hoy, es el mejor de los sistemas posibles.

Pese a los extraordinarios beneficios que ha reportado y reporta a los españoles, sin embargo, los logros alcanzados por la Constitución se ven hoy amenazados por quienes plantean con insistencia de forma irresponsable la urgente necesidad de:
Modificar la forma política del Estado; sustentar el modelo territorial sobre bases federales de más que dudosos beneficios; y, sobre todo, quienes pretenden conseguir, de forma directa y unilateral, la ruptura de España que es, también, la ruptura de la Unión Europea en su concepción actual.

El independentismo es, sin duda, la mayor de las amenazas que vive hoy la Constitución, y supone un atentado directo al corazón de nuestra convivencia.

Conviene recordar, porque quienes propugnan la ruptura de España pretenden ignorarlo, que la Constitución se asienta de manera ineludible sobre los conceptos de “Nación”, “soberanía” e “indisolubilidad”.

Es la “Nación española”, según señala el Preámbulo de la Constitución, la que “en uso de su soberanía, proclama su voluntad” de dotarse de una norma suprema, situada en la cúspide del ordenamiento jurídico.

En esta misma línea, el texto constitucional señala en su artículo segundo que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, haciendo especial hincapié en que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

El hecho de que estos fundamentos jurídicos aparezcan en el Preámbulo y los dos primeros artículos de la Constitución, son la mejor prueba de la importancia capital que los constituyentes quisieron otorgar al elemento más importante que nos une, sin el cuál carecería de todo sentido nuestra Constitución: la Nación española.

La Constitución ha sido garante durante estos 35 años del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España. Pero la configuración del modelo territorial establecido en la Constitución precisa como requisito inexcusable de las más altas cotas de lealtad institucional, totalmente incompatible con el propósito de algunos de romper la Nación española utilizando como plataforma para ello las cotas de autogobierno que la propia Constitución ha hecho posible.

No cabe mayor deslealtad.

Se trata de una aventura secesionista inviable jurídicamente, que parece querer distraer la atención de los ciudadanos respecto a los graves problemas económicos y sociales que atraviesan de manera especial algunas comunidades autónomas.

Superar la grave crisis que vivimos actualmente está requiriendo del esfuerzo de todos, y los propósitos independentistas suponen una dificultad añadida al proceso de recuperación económica, porque estos planteamientos atentan contra uno de los principales valores aportados por la Constitución, como es la estabilidad política, un factor clave de nuestra competitividad y de nuestra credibilidad internacional.

Que no duden, quienes desde el autogobierno que les ha permitido alcanzar la Constitución, pretenden romper unilateralmente la unidad nacional, que la propia Constitución, y el resto del ordenamiento jurídico, incluyen instrumentos eficaces para impedirlo.

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, es tiempo de abrir espacios y no de levantar barreras; de pretender objetivos comunes, y no de fomentar la división.

Necesitamos una España fuerte y unida, que sea la suma de todas y cada una de las comunidades que la han conformado históricamente. Una España abierta y plural, donde las comunidades autónomas puedan desarrollar sus potencialidades en un clima de tolerancia y libertad, sin más limitación que el marco constitucional.

Nadie puede ser excluido, ni puede autoexcluirse, de esta meta común, según parece pretender alguna comunidad, como Cataluña.

Precisamente por ello, en estos momentos más que nunca, hay que decir alto y claro, desde la convicción, la lógica y el corazón, que España necesita a Cataluña y Cataluña necesita a España. Juntos hemos superado grandes dificultades a lo largo de los siglos y no podría comprenderse la España de hoy sin la enorme contribución de Cataluña a la cultura, la economía, el arte y la ciencia, que son ya patrimonio de todos y cada uno de los españoles.

Queremos a Cataluña y a los catalanes, no hay razones objetivas para lo contrario y, precisamente por ello, podemos y debemos entendernos en el marco de la Constitución de 1978, que es la Constitución de todos. Nada puede haber tan importante como para hacer que se rompa unilateralmente una convivencia forjada a lo largo de siglos de historia en común.

No olvidemos, sin embargo, que la Constitución Española no es ni puede ser, en modo alguno, un texto inamovible, que deba permanecer inalterado a lo largo del tiempo. Su articulado incluye mecanismos para llevar a cabo reformas, de acuerdo con un procedimiento que requiere de mayorías cualificadas y de la participación de todo el pueblo español.

Sí, pues, a las reformas tramitadas legalmente y desde el consenso, que pueden resultar necesarias:

– Para extender las cotas de autogobierno dentro de los límites constitucionales.

– Para dotar de coherencia y máxima equidad al sistema de financiación autonómica.

– Para desarrollar las previsiones legislativas constitucionales, a la luz de la experiencia de estos 35 años.

– Para redistribuir competencias con el fin de eliminar duplicidades, racionalizar la Administración, disminuir el gasto público, evitar la ruptura de la unidad de mercado e impedir ineficiencias en la gestión.

Pero no, un no rotundo y sin ambages, a los procesos unilaterales que, al margen de la ley y de las previsiones constitucionales, pretenden romper España y destruir su identidad como Nación, queriendo dejar atrás siglos de historia, de cultura y de valores compartidos, sin contar para ello con la decisión de todos y cada uno de los españoles.

Quienes esto persiguen se encontrarán, no les quepa duda, con la firmeza del Gobierno de España, y la fortaleza y el rigor de la propia Constitución.

Una Constitución que refleja los anhelos del pueblo español de convivir en paz sobre la base de irrenunciables principios de libertad, justicia, equidad y seguridad.

Una Constitución y unos principios por los que muchos han dado su vida. Precisamente por ello hoy, aquí, quiero transmitir todo mi cariño y rendir el más cálido homenaje a las asociaciones de víctimas del terrorismo, algunas de las cuales nos acompañan en este acto, y expresarles mi solidaridad en estos dolorosos momentos, en los que se nos hiela el corazón al comprobar que legalidad y justicia, términos que creíamos idénticos, siguen incomprensiblemente caminos dispares.

Como delegada del Gobierno en Madrid, reitero en un día tan señalado como hoy mi compromiso de velar por el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución española en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, lo que supone ineludiblemente:

En primer lugar, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en los términos que establece la propia Constitución.

En segundo lugar, hacer compatible en todo momento los principios de seguridad y libertad, como referente esencial de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y, por último, velar por que el Estado de Derecho sea una realidad y se configure día a día como fundamento del orden político y la paz social.

Convoco a todos los madrileños y madrileñas a trabajar solidariamente en la consecución de estos objetivos y a mantenernos unidos en torno a la Constitución, desde el convencimiento de que juntos somos más fuertes, y de que es más lo que nos une que lo que nos separa.

Permítanme que, para finalizar, evoque a John Fitzgerald Kennedy, cuando se conmemora el 50 aniversario de su asesinato, reproduciendo una de las frases de su discurso de toma de posesión, en la que llama a la unidad de quienes comparten un origen cultural y espiritual común:

“Unidos, es poco lo que no nos es dado hacer en un cúmulo de empresas cooperativas; divididos, es poco lo que nos es dado hacer, pues reñidos y distanciados no osaríamos hacer frente a un reto poderoso”.

España tiene ante sí, probablemente, los mayores retos políticos, económicos y sociales de su historia, y para superarlos necesitamos, más que nunca, mantenernos unidos y seguir siendo lo que somos: una gran nación.

 

Una propuesta para la igualdad

Artículo publicado en El País el día 25 de Junio de 2013 Unión Progreso y Democracia planteó desde su nacimiento la necesidad de reformar el modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en […]

Una propuesta para la igualdad

Artículo publicado en El País el día 25 de Junio de 2013 Unión Progreso y Democracia planteó desde su nacimiento la necesidad de reformar el modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en […]

Con motivo del Día de la Constitución

Conmemoramos el 34 aniversario de la Constitución   probablemente en el momento más  crítico de su historia, cuando se está poniendo en cuestión una de sus principales señas de identidad, como es la organización territorial de España.

Se pone en peligro, así, el modelo de Estado nacido en 1978 del consenso entre las distintas fuerzas políticas y de la firme voluntad del pueblo español de fundamentar su convivencia sobre valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, vertebrando su diversidad territorial en torno al  sistema autonómico.

La respuesta para hacer frente a los proyectos de carácter rupturista que irresponsablemente  pretenden acabar con  este modelo, no puede ser, de ningún modo, menos Constitución, sino más Constitución. Porque la totalidad de sus valores, principios y objetivos siguen teniendo plena vigencia, varias décadas después. Y, por encima de todos ellos, el carácter de la Constitución Española  como la más fiel representación  del espíritu de un pueblo y de una nación, y el compromiso de seguir siéndolo en el futuro.

El texto constitucional  aborda y da solución, a las  principales cuestiones que históricamente habían sido causa de problemas de cohesión y de convivencia en nuestro país, especialmente en el ámbito territorial, fortaleciéndonos como lo que somos: una gran nación.

Así, a lo largo de más de tres décadas, la Constitución ha sido un elemento esencial para facilitar la convivencia en libertad y vertebrar los territorios, y debe seguir siéndolo en el presente y en el futuro al margen de cualquier otra circunstancia a la que España tenga que hacer frente.

Hoy vivimos, sin duda, tiempos difíciles. Probablemente los más difíciles en muchas décadas.  Afrontar esta compleja situación en lo económico y en lo social, está requiriendo de grandes sacrificios para todos, como consecuencia de las  medidas, dolorosas en muchos casos, que, en un ineludible ejercicio de responsabilidad, ha sido necesario adoptar para hacer frente a una crisis sin precedentes  en nuestro país.

Pero no basta con estas medidas. Se requiere además, como presupuesto básico, la necesaria estabilidad política y territorial que, hoy más que nunca, se configura como uno de los principales valores aportados por la Constitución Española, y que se sitúa como una “imagen de marca” esencial  para mantener o, en su caso, devolver, la confianza en España, y en su potencial para la recuperación económica.

Resulta imprescindible, por ello, que 34 años después, tengamos muy presentes  dos aspectos esenciales de la Constitución Española, que adquieren hoy mayor firmeza que nunca.

En primer lugar, que se establece inequívocamente en su articulado que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

El modelo de Estado que diseñó la Constitución en 1978, vino a dar respuesta al deseo de una mayor autonomía territorial, sin contemplar en modo alguno la posibilidad de aventuras soberanistas  que conllevan la ruptura de la unidad nacional.

Este modelo de Estado requerirá, sin duda, la adopción de medidas para adelgazar su estructura, racionalizar su organización, y evitar duplicidades entre las administraciones General del Estado, Autonómica y Municipal, adaptando medios y fines a un contexto de grave crisis económica. Pero en ningún caso puede ni debe contemplar la desmembración unilateral de lo que históricamente  ha sido y es España, que conllevaría una pérdida de su identidad como nación.

Supone, en este sentido, un gravísimo error y una manifiesta irresponsabilidad política, plantear un cambio de modelo de carácter rupturista. Un modelo que vulnera abiertamente la Constitución, tanto si se pretende ir hacia un proceso independentista en un territorio concreto, como hacia un modelo federal con carácter genérico, cuyas bondades respecto al modelo autonómico son más que discutibles.

El segundo aspecto de la Constitución que debemos tener más presente que nunca, es que supone la mayor garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles, siempre necesarios, pero más aún en este periodo de dificultades.

No están muy lejanos los tiempos en los que los ciudadanos se veían obligados a reivindicar que tales derechos fueran reconocidos en el marco de un sistema democrático, y el resultado de ese proceso es un marco jurídico-constitucional que garantiza el Estado de Derecho como fundamento de la convivencia pacífica de los españoles.

La Constitución, hoy,  se configura como la principal salvaguardia de derechos esenciales en un sistema democrático, entre los que destaca el derecho a la libertad y a la seguridad.

Porque no hay libertad sin seguridad. Son dos caras de la misma moneda. Sin seguridad jurídica  y sin seguridad ciudadana  no se puede vivir en libertad  ni se puede ejercer de forma real, efectiva y con plenitud, el resto de los derechos que consagra la Constitución. Derechos, todos ellos, que, ejercidos con responsabiliad, permiten avanzar hacia una sociedad más madura y consolidar nuestra democracia.

Si olvidamos el papel esencial que juega la Constitución en la salvaguardia de los derechos fundamentales y libertades públicas, y  en el mantenimiento de la unidad  de España y la vertebración territorial del Estado, aspectos ambos a los que acabo de referirme, no sólo contribuiremos a poner en riesgo la salida de la crisis económica, plagada ya de dificultades, sino que nos adentraremos en una crisis institucional de dimensiones sin precedentes, que supondrá un obstáculo aún mayor para nuestra recuperación.

Porque la salida de la crisis requiere simultáneamente de: Sólida unidad en el ámbito territorial, amplio consenso en el político, firme decisión en el económico, y compromiso de solidaridad en el social.

Se trata de requisitos que ya estuvieron presentes en el momento en el que se elaboró la vigente Constitución, que impregnan su articulado y que, además, sirvieron de motor para salir de crisis económicas anteriores.

Hoy, más que nunca, debemos ser conscientes de que la Constitución y el modelo político, social y territorial que diseña,  son factores de estabilidad, y la estabilidad es un  potente factor de competitividad y de dinamización económica.

Porque este modelo y la Constitución de la que nace no es el problema que pretenden plantear algunos, sino la base para la solución a los problemas de todos.

En unos momentos de crisis, tan difíciles como los que estamos viviendo, España debe ser capaz de  mostrarse ante un mundo cada vez más global, como un país cohesionado y coherente, que suma esfuerzos y  responde colectivamente a los retos que tenemos planteados.

Unos retos que serán más fáciles de superar si todos respetamos la Constitución y el marco jurídico y territorial que, hace ya más de 30 años, la voluntad del pueblo español, y sus representantes políticos, consideraron el más idóneo para garantizar nuestra convivencia, también, y especialmente, en los momentos de crisis.

Debemos, en este sentido, tener muy presente, y tratar de recuperar, el espíritu de la transición y su voluntad de afrontar con realismo los problemas de España, que contribuyeron decididamente a superar graves crisis políticas y económicas.

De acuerdo con este criterio, como delegada del Gobierno en Madrid, me comprometo a seguir trabajando para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en la Constitución, y a potenciar todas las vías de diálogo y colaboración institucional para impulsar la recuperación económica de nuestra Comunidad.  Porque sólo el esfuerzo colectivo, en torno a los principios constitucionales, nos permitirá retomar el camino del progreso económico y del reequilibrio social, que tanto necesitan España y los españoles.

Respetar las reglas de juego

Manifestarse, expresar colectivamente actitudes de rechazo o de apoyo, supone la materialización de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución, configurándose como un elemento vertebrador de todo sistema democrático. No es, sin embargo, de un derecho ilimitado, requiriendo su ejercicio de un imprescindible equilibrio entre los ciudadanos que desean manifestarse ocupando el espacio público de manera temporal, y los también ciudadanos que pretenden disfrutar de ese mismo espacio para pasear, acceder a un comercio, trasladarse a su trabajo o circular en vehículo público o privado.

Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Respetar las reglas de juego

Manifestarse, expresar colectivamente actitudes de rechazo o de apoyo, supone la materialización de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución, configurándose como un elemento vertebrador de todo sistema democrático. No es, sin embargo, de un derecho ilimitado, requiriendo su ejercicio de un imprescindible equilibrio entre los ciudadanos que desean manifestarse ocupando el espacio público de manera temporal, y los también ciudadanos que pretenden disfrutar de ese mismo espacio para pasear, acceder a un comercio, trasladarse a su trabajo o circular en vehículo público o privado.

Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Entrevista a Luis Salvador – Senador PSOE

La reforma del Senado: “ahora parece ser que al PP no le interesa”
Miguel Angel Cintas (@macintas) – Granada 26/09/2011Gracias Luis por el tiempo que vas a dedicar a responder a esta entrevista. Hay preguntas elaboradas por nosotros y preguntas que nos han enviado nuestros lectores.
Entrevista a Luis SalvadorLuis Salvador, senador PSOE, 17/03/63
Foto: Perfíl facebook
P. Fue el 1º parlamentario en poner en marcha una OVAC (Oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía) ¿Qué experiencia saca de esta iniciativa?
R. El primero, y a día de hoy el único, aunque terminará siendo generalizado. La clave está en entender que la participación ciudadana, la comunicación permanente y la transparencia parlamentaria es un derecho de la ciudadanía que el representante público debe garantizar. Igual que los Partidos y grupos parlamentarios deben exigir que sus miembros lo hagan. Rousseau decía que la democracia directa solo era posible en pequeños estados, pero entonces no existía Internet.


P. ¿Cómo cree que pueden ayudar las nuevas tecnologías en las campañas políticas?
R. La tecnología facilita la comunicación total de todos con todos. Permite construir de abajo hacia arriba. Se trata de dialogar mucho, de facilitar información en su justa medida para que sea el ciudadano quien comunique el mensaje una vez que lo tiene claro. Cualquier usuario de la web 2.0 es un comunicador potencial. En la red hay que convencer no colocar un mensaje.
P. ¿Cree que la política de open goverment podría funcionar en España como lo hace en otros países?
R. Sin duda. Ahora se está en pleno desarrollo de la Ley de Transparencia. Pero ese principio de Gobierno Abierto hay que llevarlo también al ámbito legislativo con el Parlamentarismo Abierto. Algo que personalmente he puesto en marcha en la OVAC, añadiendo a la participación desde el diálogo y a la información, ese apartado donde he incluido el Curriculum Vitae para que la gente pueda conocer la preparación de quien les representa, aunque nunca he sido de “titulitis”, la Declaración de la Renta y de Bienes para que se pueda comprobar la evolución del patrimonio desde el desempeño de responsabilidades públicas y los informes de Gestión de las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011 para que ciudadanos en general, a quienes representas en tu circunscripción, y a quienes te apoyan desde tu partido, puedan evaluar el trabajo que estás realizado. En definitiva, se trata de aumentar la transparencia.
P. Fue el responsable de la “nueva vía” en Granada ¿cree que está opción dentro del PSOE está agotada viendo el nuevo equipo para las siguientes elecciones?
R. Nueva Vía nació solo y exclusivamente para el desarrollo del XXXV Congreso del PSOE y así se dijo cuando arrancó. Se ganó el Congreso e inmediatamente nos disolvimos. Aclarado esto, el partido hoy no cuenta con grupos ideológicos significativos como pudo suceder en alguna época reciente.
Las necesidades de quienes deben integrar los equipos vienen dadas de la propia evolución de la política. En política se debe innovar permanentemente y quienes estén ocupando puestos de representación deben estar a la altura de los retos y de las exigencias requeridas. Hoy la política necesita de gran preparación, los liderazgos son horizontales y deben fomentarse los equipos competitivos. El político debe ser capaz de asegurar a los ciudadanos un papel fundamental en su acción diaria. La red hoy demanda el político disponible 24 horas. Esto no tiene que ver con grupos u corrientes, y si con otra cultura política adaptada al siglo XXI.
P. Algunos dicen que el PSOE no tiene recambios en sus filas, usted que ha sido formador en la Jaime Vera ¿cree que hay recambios?
R. Sobrados y de calidad. Hoy las juventudes socialistas han dado el salto necesario para convertirse en los jóvenes más preparados la historia del socialismo español. Y sobre todo quienes mejor encajan en las exigencias políticas que describía en la pregunta anterior. Los jóvenes son la versión mejorada, Polític@s 2.0, de sus padres y madres Polític@s.
P. ¿Cómo ve la modificación de la Constitución, cree que era necesaria tanta “prisa”? ¿No cree que una consulta popular hubiera sido mejor?
R. Sin duda una consulta popular hubiera sido lo deseable. Pero la política es dar respuestas a las necesidades y a los problemas según estos lo requieran. Vivimos tiempos excepcionales que requieren respuestas excepcionales. La estabilidad presupuestaria la izquierda la votamos en una Ley que el PP rechazó porque quería el Déficit 0 que representa al talibanismo económico de FAES. La economía mundial está convulsa, hasta el punto que una declaración “irresponsable” de la presidenta del FMI puede bajar las bolsas 5 puntos.
En la UE existe un problema de Deuda y España tiene una Deuda muy alta producto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El cambio de la Constitución añadiendo el principio de estabilidad presupuestaria es un mensaje para buscar la confianza de los mercados, no avala recortes sociales, no afecta Derechos fundamentales y su desarrollo real se hará en una Ley Orgánica.
Yo hubiera preferido la consulta, como Rubalcaba y el propio PSOE, pero las circunstancias dicen que esperar tres meses podía traernos precisamente los problemas que se pretenden evitar. La política también es actuar con responsabilidad y decidir para defender el interés general aunque no se convenza en el corto plazo.
Aunque lo que yo creo es que la ciudadanía está molesta e indignada al comprobar la excesiva incidencia que tienen hoy los mercados sobre la política. Es imprescindible rebajar nuestra Deuda para que la política el control que los mercados nos han hurtado.
Foto: Panoramio
P. Usted es senador, tras la reforma constitucional ¿no cree que sea una institución que necesita un profundo cambio para cumplir con su verdadera función?
R. Es cierto que llevamos tiempo reclamándola pero ahora parece ser que al PP no le interesa y eso que la propuesta del PSOE fue la misma que Rajoy defendió en el Pleno del Congreso a mediados de los noventa. Como también es cierto que el Senado es mucho más que una Cámara de segunda lectura  en las Leyes. En el Senado hemos liderado durante las dos últimas legislaturas políticas tan importantes como las que han dado forma a nuestro modelo de Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como aquellas políticas relacionadas con la I+D+i.
Además de trabajar en las Leyes, disponemos del mecanismo de las Mociones desde las que instamos al Gobierno a hacer o impulsar tal o cual cambio o política pública. O la participación en comisiones mixtas Congreso-Senado donde el trabajo de las dos cámaras es conjunto. Las Conferencias de Presidentes de las Comunidades Autónomas se han realizado en el Senado. Las sesiones de control al Gobierno se han puesto un día antes de la del Congreso para favorecer la atención mediática.
Durante estas dos últimas legislaturas el Senado, también por el perfil de edad y las características de sus integrantes, ha sido una Cámara mucho más viva. Lo que no quita que no desistamos en reivindicar que el PP se sume a la propuesta de reforma para dotar al Senado de su verdadero carácter de Cámara de representación Territorial.
P. El 04/09/11 se publicó una encuesta donde el Partido Popular aventaja al Partido Socialista en 14.8 puntos ¿será posible remontar esta diferencia?
R. Será posible si la ciudadanía entiende que el Gobierno no ha sido quien ha traído la crisis, y si las acciones de la derecha económica en la crisis internacional, y decisiones de la derecha política española que fomentaron la burbuja inmobiliaria que tan desastroso final ha tenido.
Sí, si somos capaces de demostrar que este gobierno, que amplió derechos a la ciudadanía, el mismo que consiguió superávit presupuestario en varios años, el mismo que ha servido ejemplo de izquierda moderna, no se ha vuelto loco de la noche a la mañana, y si se ha encontrado con una crisis internacional que todavía no ha terminado, una burbuja inmobiliaria que ha mandado a dos millones de españoles al desempleo, que creado la deuda que hoy nos asfixia, que ha restado 5 puntos del PIB, que ha ahogado a los ayuntamientos que se acostumbraron a gestionar desde la bonanza perversa de ese modelo, que interrumpió la formación de muchos jóvenes españoles ante la economía fácil del nuevo el Dorado, y no menos pernicioso, que ha tenido que hacer frente a la crisis con una oposición destructiva que únicamente pedía elecciones anticipadas sin ayudar en nada y entorpeciendo en todo.
Sí, si somos capaces de presentar una oferta programática sensata que la ciudadanía vea que se puede cumplir y que nos puede sacar de la crisis sin necesidad de recortes a nuestro estado de bienestar. Otra cosa es que ajustemos gastos e ingresos, y que se reduzca todo aquello que no sea necesario, o que pueda ser asumido solo por una administración evitando duplicidades.
En los próximos años la situación económica será una excusa perfecta para que la derecha intente llevar adelante el modelo ideológico, que nunca cuentan pero que cada vez que puede aplican. Recortes en sanidad y educación públicas para acercarse a modelos mixtos donde la parcela privada crezca y se potencie favoreciendo la desigualdad. Recortes en las políticas sociales por mucho que digan que no las van a tocar. Recortes en derechos como ya están anunciando. Y para evitar eso es también uno de los motivos claros para votar al PSOE.
¿Es difícil? Muy difícil pero posible. Si esto fuera cine estadounidense seguro que SÍ porque allí al final siempre ganan los buenos. Pero sería curioso que el PP que no cree en el cine español se apoyara en que aquí los malos ganan con demasiada frecuencia.  Nuestro candidato sale a ganar y nosotros con él.
Nos han dejado algunas preguntas nuestros lectores en twitter y en la web con el hangstag #tupreguntas:
P. Leire Díez: “¿Se puede poner límite a lo que a veces pasa de ser libertad de expresión a insultos y amenazas de algunos medios?”
R. Para eso existen las leyes. Aunque he de reconocer que es un equilibrio difícil porque casi nadie va de querella en querella. Se utiliza demasiadas veces eso de difama que algo queda. Por cierto, el PP y algunos de los muchos medios que lo apoyan lo utilizan bastante. Y con bastante impunidad. También es cuestión de estilo. Estoy en contra de crispar por crispar. La política debe buscar la felicidad colectiva y no la confrontación social.
P. Ricard Aris: “¿Cree que, como han afirmado algunos, la reforma de la Constitución supone el fin del estado de las autonomías?”
R. Para nada. A las autonomías se las pone en peligro cuando se las ataca sin justificación o cuando se las defiende desde el separatismo.
Por cierto, siempre se ha reconocido que el Título VIII era nuestra gran asignatura pendiente de desarrollar. Probablemente ha llegado el momento de ajustar el papel del Estado, de Comunidades Autónomas, de Diputaciones o Cabildos, y de la administración local para conseguir un mejor funcionamiento del sistema. Cada uno con su legitimidad, pero sin temor a cambiar aquello que sirva para mejorar.
P. Pedro de la Torre: “¿Para cuándo una regulación de la ingeniería informática y reconocimiento de nuestra profesión?”
R. Es cierto Pedro que es una reivindicación constante de la ingeniería informática, aunque yo vea esa demanda más en la línea de estar en igualdad con otras ingenierías como la de telecomunicaciones algo que me parece justo.
Pero no es menos cierto que las principales experiencias profesionales, ligadas a la informática, no vienen de países en los que ésta se encuentra regulada. Sé que hay quienes defienden en este tema el modelo continental napoleónico, pero yo estoy más en la línea del modelo anglosajón. Y a los resultados me remito.
Si creo en la igualdad, no en que si no está regulada no se puede ejercer adecuadamente esta profesión, o la exageración de que si no se regula se mata esta profesión.
P. Nani López: “Con excesiva frecuencia escucho a demasiados políticos recitar el mismo mensaje para animarse un@s a otr@s al activismo en redes sociales: ” tenemos que hacerlo porque es donde están los jóvenes”. Dejando al margen el que a mí en particular me produzca rechazo esta afirmación por razones obvias, cual sería tu aportación?”
R. La primera es que no se trata de estar, y sí de aceptar que hoy la ciudadanía tiene derecho a una mejor democracia basada en una mayor participación, más y mejor información, y una transparencia absoluta de quienes les representan. Es lo que yo llamo Parlamentarismo Abierto en la misma línea que el Gobierno Abierto pero adaptado al ámbito parlamentario.
Quienes asumimos una responsabilidad pública debemos garantizar estos derechos con nuestro trabajo diario. Siendo también conveniente que cualquier ciudadano pueda saber desde que espacio o espacios de la web destinamos para ello con el objeto de poder exigirnos después. Los partidos políticos también tenemos que aplicarlo en nuestros ámbitos orgánicos para una mejor apertura a la sociedad. Desde el principio de escucha activa.
P. Nani López: “Hola, desde las estructuras orgánicas hay cierta tendencia incuestionable a identificar redes sociales con comunicación, sin embargo sabemos que detrás de cada perfil hay personas. No sería mejor, a la hora de clasificar responsabilidades, incluirías en la cuestión movilización? (independientemente de las herramientas y habilidades utilizadas).”
R. Nani, el problema es que todavía mucha gente no ve que las redes sociales son precisamente comunicación. La información es unidireccional y no necesita respuesta, la comunicación sí. El concepto de comunicación en sentido amplio bien puede ser la conexión personal, aunque se haga en un marco virtual, que intercambia información objetiva y subjetiva. Las redes sociales son el canal de comunicación más democrático que existe.
P. Irene Tenorio: “Buenas tardes. La gestión política e institucional usa las redes desde hace tiempo gracias a trabajos de personas como tú. En cambio no sabemos, o no conocemos, qué hacen o piensan internamente los partidos. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que aporta HOY la ciudadanía 2.0 en la política orgánica. ¿Qué debe tener en cuenta internamente un partido político (PSOE) del 2.0 y la participación ciudadana?”
R. Hasta el día de hoy ningún partido se ha atrevido a exigir, aunque si se promueva, a todos sus cargos públicos y orgánicos que garanticen ese derecho que definía antes a la participación, a la información y a la transparencia. Bien es cierto que en la Conferencia Política de este fin de semana con Rubalcaba se van a plantear estas cuestiones y tanto el partido como el candidato son proclives a este paso.
P. Irene Tenorio: “No es una pregunta fácil y puede parecer inapropiada por muchas razones, especialmente por la coyuntura económica general y en particular la de España. Pero, ¿para cuándo un Ministerio de “Internet”?” Sabemos que es un tema transversal, que cada vez afecta a más cuestiones importantes, que es muy complejo, etc. Pero, ¿lo consideras apropiado ó no? ¿Por qué? Gracias.”
R. No creo que sea necesario un Ministerio de Internet. Desde 2006 se comenzó a aplicar el Plan Avanza para el desarrollo armonizado de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en nuestro país que está dando un gran resultado. Internet como bien dices es totalmente transversal y su desarrollo en la mayoría de las ocasiones no tiene fronteras.
P. Jose Luis: “Se poco del funcionamiento interno de los partidos pero me sorprende que a las bases solo se apele para pegar carteles, eso es lo habitual o es en estos momentos de zozobra?”
R. Los partidos mantenemos una estructura y modo de funcionamiento interno que permite el trabajo y la implicación del conjunto de la militancia en el día a día de la organización. Aunque bien sea cierto que eso no siempre se cumple dado que depende de cada grupo humano que compone una dirección legitimada mediante un Congreso. Siendo también cierto que muchas veces el problema reside en la falta de disponibilidad personal.
Entiendo tu reflexión y pienso que tienes razón en que podemos hacer mucho más para mejorar esa participación utilizando la tecnología e Internet como canales privilegiados de participación y comunicación que se pueden adaptar a las circunstancias personales de cada cual.
Si quieres añadir alguna reflexión que no esté incluida en la entrevista…
Simplemente daros las gracias a vosotros y a quienes se han tomado la molestia de preguntar, y por supuesto a quienes lean esta entrevista. Y mostraros mi disponibilidad desde la Oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía (http://luissalvador-ovac.es) y el conjunto de espacios 2.0 que se encuentran recogidos en ella.