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Estado de derecho al pataleo

“Ha sustituido el Estado de bienestar por el estado de bienestán”

Decían, nos contaban, que los españoles teníamos la inmensa suerte de vivir en un país en el que se habían consolidado la democracia, los derechos y las libertades individuales en un tiempo récord desde la muerte del dictador de cuyo nombre no me quiero acordar. Decían, nos contaban, que vivíamos en un Estado de Derecho, con todo lo que eso conlleva y que contábamos con un estado de bienestar que ya quisieran para ellos muchos países que nos llevaban varios siglos de ventaja en lo que a democracia se refiere.

Esto es lo que no decían, lo que nos contaban. La realidad es bien distinta. La democracia que la clase política nos había fabricado era una democracia a la carta. Una democracia que salvaguardaba todos los derechos de la propia casta -la política y la que campa a sus anchas alrededor de ella- pero que dejaba desamparado al ciudadano. Una democracia en la que, tal y como se ha demostrado en estos últimos años, la única diferencia con la anterior dictadura radica en que ahora tenemos derecho a votar antes de obedecer sus órdenes. Una democracia que, en cuanto ha tenido la oportunidad, ha sustituido el Estado de bienestar por el estado de bienestán. Ha cambiado el Estado de Derecho por un estado de desecho, dejándonos como único recurso el derecho al pataleo.

Este último derecho que nos queda también tiene las horas contadas. No esperaban tanto pataleo en tan poco tiempo, por lo que han preparado un frente perfectamente configurado por la Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal y la Ley de Tasas Judiciales que harán de freno ante tantas concentraciones y manifestaciones. Vivimos a diario una involución drástica de derechos, pero la única que les importa es la de su liberalismo. Experimentamos como nunca una trágica deflación que hace mella en nuestra dignidad, pero la que les afecta es la económica.

Nos hemos acostumbrado tanto a esta crisis de democracia que ya nadie se escandaliza cuando descubrimos que la financiación ilegal de partidos es de todo menos ilegal. Nos hemos aclimatado tanto al déficit de justicia y ética que ya nadie se horroriza cuando un juez es juzgado por un tribunal entro cuyos miembros se encuentra parte interesada. Nos hemos habituado tanto a esta falta de valores morales que ya nadie se indigna cuando miembros del Gobierno, que van como cabeza de lista para las europeas, esconden ingresos y relaciones con empresas privadas.

La muestra de nuestra indiferencia es que los sondeos indican un empate técnico entre los dos grandes partidos, con una abstención altísima justo cuando deberíamos mostrar toda nuestra fuerza. Parafraseando a Soraya, en mi puta vida pensé que la democracia consistía en esto, pero nada cambiará hasta que nos concienciemos de que no hay lobby más potente en el mundo que el formado por los ciudadanos. Si nos ponemos en marcha, no habrá quien nos pare. ¿Te vas a resignar o te vas a movilizar y contagiar a los demás?

Paraíso de aforados

Es mucho lo que se ha hablado estos días sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la cual se incluyen como nuevo aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y a los Príncipes de Asturias. Al igual que ocurre con los indultos, es difícil explicar en una sociedad moderna y en una democracia que se supone transparente e igualitaria, este tipo de privilegios que algunos disfrutan. Estas situaciones siempre nos llevan irremediablemente a formularnos la misma pregunta: ¿Cuántos son en realidad?

Lamentablemente, como pasa cuando tratamos de averiguar cuántos políticos o funcionarios existen realmente, nos topamos con cifras muy dispares. Parece imposible saber el número de personas que gozan de esta concesión gratuita y eso, de por sí, es otra muestra más de la opacidad que sufrimos en esta supuesta democracia. No logro entender por qué, si este privilegio está amparado por la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía, no podemos saber exactamente de qué cantidad de personas estamos hablando. El abanico que se abre al intentar llegar a esa cifra es enorme. El número que más se repite es el de 10.000, aunque si incluimos a los Miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que también disfrutan de una consideración especial, el dato se elevaría hasta los 250.000.

Lo que sí sabemos con exactitud, y sin temor a equivocarnos, es el número de aforados en otros países. En esa línea es Francia la que sin duda se lleva la palma con la friolera de diez aforados (Presidente de la República, el Primer Ministro y sus Ministros). En Portugal e Italia esa cifra se reduce a un solo aforado, el Presidente de la República. En Alemania, como pasa en el Reino Unido o en los EEUU, esta figura no existe. El número de aforados es cero. Es decir, en estos países, a excepción de los poquísimos aforados, son todos juzgados como cualquier otro ciudadano. Quizá eso explique que en los demás países los políticos sí dimiten.
Si el aforamiento fuese disciplina olímpica, sin duda no habría forma de robarnos la medalla de oro. Miembros del Gobierno, senadores, diputados, altos cargos, además del Rey y los tres miembros de la realeza incluidos recientemente son algunos ejemplos de aforados que tenemos en España. Por otro lado también tenemos casos más curiosos como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los TSJ, los Fiscales de Sala del TS y de la Audiencia Nacional, por no hablar del Defensor del Pueblo -incluidos sus adjuntos-, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, los Generales del Ejército, los Almirantes, el Fiscal Togado, los Defensores del Pueblo autonómicos…. y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y hasta la Policía Local. Unos aforados al TS, otros a los TSJ y otros a las AP, pero todos con idéntico privilegio. Existe, además, otro asunto por el que se ha pasado de
puntillas pero de una vital importancia: con la nueva reforma el aforamiento será un derecho vitalicio. O dicho de otra manera, el aforamiento continuará cuando dejen el cargo si el delito se cometió durante su ejercicio.

Si, según el artículo 114 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la Ley, alguien debería explicar por qué una serie de personas tienen el privilegio de ser juzgados por los jueces que ellos mismos han elegido a dedo y a poder declarar desde sus propios despachos y por escrito. Porque, que a nadie se le olvide, no son más que nuestros representantes en las instituciones. En cierta medida los podemos considerar nuestros empleados, y una cosa es que paguemos muy bien a nuestros trabajadores, y otra cosa muy distinta es que gocen de unos privilegios procesales-penales que van en contra de la propia esencia de la Constitución y de las más elementales reglas democráticas.

Respetar las reglas de juego

Manifestarse, expresar colectivamente actitudes de rechazo o de apoyo, supone la materialización de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución, configurándose como un elemento vertebrador de todo sistema democrático. No es, sin embargo, de un derecho ilimitado, requiriendo su ejercicio de un imprescindible equilibrio entre los ciudadanos que desean manifestarse ocupando el espacio público de manera temporal, y los también ciudadanos que pretenden disfrutar de ese mismo espacio para pasear, acceder a un comercio, trasladarse a su trabajo o circular en vehículo público o privado.

Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Respetar las reglas de juego

Manifestarse, expresar colectivamente actitudes de rechazo o de apoyo, supone la materialización de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución, configurándose como un elemento vertebrador de todo sistema democrático. No es, sin embargo, de un derecho ilimitado, requiriendo su ejercicio de un imprescindible equilibrio entre los ciudadanos que desean manifestarse ocupando el espacio público de manera temporal, y los también ciudadanos que pretenden disfrutar de ese mismo espacio para pasear, acceder a un comercio, trasladarse a su trabajo o circular en vehículo público o privado.

Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.