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La venganza del mal perdedor

El TSJ de Madrid rechazaba el recurso del Ejecutivo de Ignacio González

Una semana más se ha demostrado que, en contra de lo que nos dicen desde el Gobierno, salir a la calle para exigir nuestros derechos sí sirve. Manifestarse para reivindicar lo justo, a pesar de que se nos tilde prácticamente de terroristas callejeros, sí tiene sentido y puede hacer que a nuestros gobernantes no les quede más remedio que rectificar. Lo triste del asunto es que, al igual que ese chiquillo repetidor que le sacaba dos cabezas al resto de la clase, utilizan su fuerza y su poder desproporcionado para vengarse de forma cruel y torticera de esos colectivos que les han puesto entre la espada y la pared. “La marea blanca ya no cuenta con el apoyo de hace unos meses, puesto que es una marea que se construyó sobre falsedades. Estas protestas se han convertido en pequeñas olas, porque no llegan ni a marejadilla”, decía Salvador Victoria, Consejero de la Presidencia de la C. de Madrid. El 27 de enero saltaba la bomba: El TSJ de Madrid rechazaba el recurso del Ejecutivo de Ignacio González y éste declaraba que paralizaba la tan criticada privatización de la Sanidad a la vez que su Consejero de Sanidad, Lasquetty -otro que se mofaba del tamaño de la marea hasta que fue engullido por ella-, anunciaba su dimisión. Sin embargo, como decía en el primer párrafo, a las pocas horas mostraban su particular forma de encajar el golpe al anticipar el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, un recorte adicional en dicha Comunidad de 130 millones en materia de Sanidad. Solo le faltó por decir “para chulos, nosotros, que para eso nos habéis votado”.

 
Algo parecido ocurrió en Valencia con la Radiotelevisión Valenciana cuando la Justicia tumbó el ERE declarando nulo el despido de más de mil trabajadores. La respuesta en forma de coz del Gobierno valenciano fue fulminante: cierre de la entidad y 1.700 trabajadores a la calle. Fabra lo justificó afirmando que tiene la obligación de priorizar los servicios básicos, cuando bien haría en investigar por qué se produjo el agujero de 1.200 millones. Se quejaba de que los gastos de personal de esa plantilla suponían 6 millones de euros al mes. En los tiempos de los desvaríos financieros en esa Comunidad se enterraron 300 millones en unas carreras de F1, sin embargo aún no lo he oído quejarse de ello.

 
Y para acabar, como no podía ser de otra manera, tenemos al ministro Wert, todo un especialista en eso de demostrar lo gallito que se puede poner uno cuando cuenta con una mayoría aplastante. Jamás perdonó a los estudiantes Erasmus por el bochorno que le hicieron pasar en noviembre cuando le obligaron dar marcha atrás en el recorte a dichas becas, llegando Bruselas a calificar las declaraciones del ministro como ‘basura’. Desde ese preciso instante comenzó a cocinar su venganza, hasta que esta semana por fin la consumó al anunciar que para el próximo curso las becas de los Erasmus se limitarán a un plazo entre cinco y seis meses, que se endurecerán los requisitos para acceder a ellas y que, además, se exigirá un nivel B2 o superior del idioma de la universidad de acogida.

 
Estos tres ejemplos no son ni mucho menos hechos aislados, más bien todo lo contrario. Es el reflejo de una manera de hacer política muy definida, el resultado de una forma de proceder muy concreta. La venganza de Ignacio González, la de Fabra o la de Wert responden a un modo de ser. Es la venganza del mal perdedor.

El precio del bienestar

110 millones de euros pagamos a diario por los intereses de la deuda pública

Desde el inicio de esta crisis-estafa nos han venido contando que el estado de bienestar que disfrutábamos era totalmente insostenible y que los españoles vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. Éramos todos unos derrochadores que gastábamos medicinas sin necesitarlas, queríamos más médicos de los que nos hacían falta, teníamos la desfachatez de aspirar a un contrato de trabajo con unas mínimas garantías, demandábamos una educación digna para nuestros hijos, pretendíamos tener policías, bomberos, asistencia para nuestros dependientes y todo eso sin querer que nos bajaran el sueldo o congelaran las pensiones.

 
Si los tristes atentados del 11-S sirvieron para que los mandatarios mundiales tuvieran carta blanca para usurpar nuestra privacidad y dejarnos totalmente desprotegidos, ésta crisis programada por los 4 o 5 que rigen los destinos del planeta ha sido la excusa perfecta para ponerles en bandeja de oro todo lo que venían reclamando desde hace mucho tiempo. Es decir, despidos libres, contratos basura, recortes de derechos, bajadas de sueldos y crear la necesidad de encontrar un empleo, sea bajo las condiciones que sea, convirtiéndonos de ésta forma en más súbditos que nunca y cambiando nuestra añorada libertad por miedo.

 
El Gobierno ha impuesto un tijeretazo de 16.092 millones a las comunidades autónomas y entidades locales para los años 2014 y 2015, que vienen a sumarse a los brutales recortes impuestos en estos años anteriores. Evidentemente Sanidad y Educación volverán a ser los dos grandes perjudicados, al suponer estas dos partidas el 40% y el 20% de las CCAA respectivamente.

 
Este jueves, 22 de enero, se ha cerrado de forma oficial el rescate bancario por un importe total de 41.300 millones que han servido para recapitalizar la banca y convertirlos, aparte de en entidades saneadas en las inmobiliarias más grandes del país con un ingente parque de viviendas. Recuperar la fluidez del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas y a los hogares españoles, que era uno de los objetivos principales de dicho rescate no se ha cumplido, pero nadie se preocupa por esto; se limitan a felicitarse mutuamente por el enorme éxito obtenido a costa de los bolsillos de los españoles porque, a contrario de lo que nos vendió Rajoy en principio, el Gobierno ya ha reconocido que ese dinero no podrá ser devuelto por los bancos.

 
41.300 millones, o dicho de otra forma, 2,5 veces los recortes previstos para los dos próximos años. Por tanto, lo insostenible no era el llamado estado de bienestar sino el cráter que había formado el sector bancario en el país. La sanidad y la educación no son imposibles de financiar, lo imposible es mantener las múltiples duplicidades en la administración, costear los sueldos millonarios de los ex dirigentes en las multinacionales y rellenar todos los agujeros ocasionados por la corrupción. 110 millones de euros pagamos a diario por los intereses de la deuda pública que, en dos años de gobierno PP ha pasado del 62% del PIB al 93,4%. Eso es lo insostenible, Sr. Rajoy, no los medicamentos para los enfermos de cáncer.

 

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¡Gana la banca!

Desde cualquier persona que haya jugado alguna vez un simple cartoncito de bingo casero hasta las que se dejan fortunas en los casinos más famosos del mundo habrán escuchado en infinidad de ocasiones aquello de que la banca siempre gana. Los juegos de azar están más que estudiados matemáticamente para que así ocurra, por lo que nadie se sorprende ante ello. En el caso de casinos y bingos son los propios establecimientos los que deben hacer todo lo posible para que la banca siempre gane, pero aquí, en nuestro peculiar país, resulta que tenemos un gobierno que se ocupa y preocupa por ello incluso si esto significa ir en contra de los intereses económicos de los ciudadanos.

Nuestro gobierno se aplica así mismo para que si en algún caso ‘salta la banca’, en contraposición del significado original de la frase, lo haga siempre de alegría. Existe además otra diferencia sustancial con lo comentado anteriormente: el que se dispone a participar en algún tipo de juego de azar lo hace por decisión propia, por lo que no tiene argumentos para culpar a otros en caso de pérdidas económicas, mientras que aquí nos han obligado a ser partícipes de un juego que ni hemos pedido ni en el que teníamos absolutamente nada que ganar.

Cuando se inyectaron 52.000 millones en la banca española para sanearla, se afanó el presidente del gobierno en explicar una y otra vez que nuestro caso no tenía nada que ver con el rescate de otros países; nos repetía hasta la saciedad que ni tan siquiera consideraba contabilizar esa ayuda como déficit público ya que en el caso español el dinero aportado sería devuelto íntegramente por la propia banca.

Ahora, un año después, nos cuentan la realidad de las cosas que no es otra que el Estado ya da por perdida la enorme mayoría de ayudas a la banca. El tiempo, ese juez imparcial e implacable, aunque a veces tarde demasiado, volvió a poner en su sitio a Rajoy. De momento son 36.000 millones los que se han perdido por el camino lo que significará que el déficit público se disparará aún más de lo que ya está. Un déficit que, por cierto, sin contabilizar ese importe, a estas alturas del año ya ha alcanzado el 3,8% que estaba previsto para todo el 2013.

A nadie se le escapa que estas nuevas pérdidas deberán ser sufragadas en su totalidad por los ciudadanos, pero ¿con qué autoridad moral explicará el Sr. Rajoy que los tremendos recortes que hemos sufrido en materia de Sanidad y Educación irán destinados directamente a tapar este enorme socavón que la banca ha causado en la economía española? ¿De qué forma justificará que cuando un ciudadano no paga al banco éste lo echa a la calle pero que cuando es el banco el que tiene problemas tendrá que ser el mismo ciudadano el que ayude al banco?

¿Cómo argumentará que en España, cuando la banca pierde, pagamos todos?

Parvularios del futuro

por Miquel Rodríguez Planas (@miquelrplanas) 04/11/11

El nuevo gobierno del ayuntamiento de Barcelona ha decidido revisar el modelo de parvularios públicos.

El patio soñado de cualquier parvulario
Aprovechando esta decisión y ya que las crisis son oportunidades para hacer cambios, parece interesante plantearse diferentes alternativas al modelo actual de parvularios públicos. Para ello, las posibles soluciones deben cumplir los siguientes requisitos:

– económico para la administración y las familias,
de calidad educativa,
y generador de puestos de trabajo.

Esto es, busquemos un modelo de parvularios públicos que sea innovador, busquemos innovación pública.
Primero enmarquemos el tema

Antes de empezar a proponer alternativas al modelo de guarderías públicas, tengamos en cuenta algunos puntos:

1.    En Barcelona hay 6.783 plazas de guardería municipal a cargo de 724 profesionales. Esta cifra representa el 52,75% de la demanda, y el concejal de educación ya ha anunciado que quiere aumentar este porcentaje.
2.    La educación de 0 a 3 años no es obligatoria en España (bueno, de 0 a 6 años), y es competencia municipal.
3.    Una plaza de parvulario al año cuesta aproximadamente 10.000€ construirla y 5.400€ mantenerla (sin comida). En base a estos precios, hasta hace poco, en Catalunya, la Generalitat ha apostado por cofinanciar la construcción de parvularios. Así la Generalitat aportaba 5.000€ por cada plaza a construir (aproximadamente el 50% del total) y 1.800€/plaza por el mantenimiento de la misma (1/3 del total, donde el ayuntamiento pone otro tercio y la familia el tercio que falta). De hecho, la Ley de Educación de Catalunya (art. 198)  ya indica que la Generalitat debe subvencionar la creación de plazas de parvulario de titularidad municipal.

A partir de estos puntos, veamos algunos modelos alternativos de promoción pública de plazas de parvulario para la demanda que actualmente no satisface la red de parvularios públicos.
Concertar el servicio de parvulario con centros privados

El concierto es el acuerdo entre la administración y el sector privado para que este preste un servicio de titularidad pública. En Catalunya existe una larga tradición de concertación de servicios públicos, cómo en el caso de la Sanidad o la Educación Obligatoria. En este último caso, la Administración paga a las escuelas privadas un módulo económico por unidades escolares, dicho de otra forma, la administración paga los sueldos y salarios de las horas de los profesores que se imputan al mínimo de horas lectivas obligatorias.

Este modelo se podría aplicar a las futuras plazas públicas de parvulario. Sin embargo lo ideal es que el concierto se module en base a la evolución de la oferta. Esto es, que si aumenta el número de solicitudes para acceder al sistema público de parvulario, se aumente el número de centros concertados, pero al mismo tiempo, si disminuye el número de solicitudes, disminuya el número de centros concertados.

De hecho, quizás lo ideal no es concertar un centro, sino concertar plazas en cada centro, ya que en la educación infantil, lo que prima es la máxima proximidad al domicilio (dando por hecho un hipotético nivel educativo similar entre centros concertados y centros públicos).

Por lo tanto, en las plazas concertadas, las familias deberían abonar el equivalente a la cuota mensual de un centro público (gastos extracurriculares aparte, como piscina los lunes por la mañana, excursiones, clases de inglés, etc…) y la administración pagaría el resto. En este caso, según el nivel de antigüedad del centro privado concertado, quizás la administración debería negociar el pago de la amortización de la inversión por plaza concertada.

Impacto del modelo Concertado

Para las familias, sería más económico que ir a la privada, pero más caro que la pública, ya que pagarían el equivalente a la cuota de un parvulario público, aunque habría que añadir los gastos extracurriculares.

Para la administración, sería más económico que construir un nuevo parvulario, ya que si el precio del concierto sería equivalente a los costes de mantenimiento, los costes de inversión o amortización de la inversión siempre serían inferiores en el concierto de plazas que en la construcción de nuevas plazas.

Para la generación de ocupación, aunque no dispongo de datos, no parece que este modelo amplíe el número de puestos de trabajo. Me explico: cabe deducir que la demanda no satisfecha por los centros públicos ya es absorbida por los centros privados, por lo que, concertar centros privados no generaría nuevos puestos de trabajo.

En lo que se refiere a la calidad, un concierto bien elaborado, con exigencias de calidad a los centros privados que quieran concertar el servicio, garantizaría mantener la misma calidad que en el sector público. Este modelo hasta puede ser un incentivo para incrementar la calidad en los parvularios públicos, al poder comparar centros (públicos y concertados) y el rendimiento de los alumnos.  Ahora bien, este sistema de control de calidad encarecería la aportación de la administración.
El cheque escolar

Este consiste en la aportación por parte de la administración de un importe a las familias que no tienen acceso a los parvularios públicos.

El cheque podría ser el valor equivalente al que ya paga la administración por el mantenimiento de una plaza de guardería pública. Digo podría, porque la política del cheque es a gusto de quién la diseñe, es decir, que si se quiere, se puede hacer un cheque universal para todas las familias (el que acabo de proponer), o un cheque solo para familias con rentas más bajas, o para familias de barrios con menos centros públicos, etc….

A diferencia del modelo concertado, aquí la Administración no pagaría a los centros la amortización de la inversión, y hay que analizar hasta qué punto la Administración debe supervisar el nivel educativo del centro privado, ya que lo que hace la Administración es dar el dinero al ciudadano y este decide en qué centro privado se lo quiere gastar.

Impacto del modelo Cheque

Para las familias, sería más económico que ir a la privada, pero más caro que la pública, ya que las familias tendrían un descuento sobre el precio de la cuota del centro privado, pero es de prever que el precio sería más caro que en un centro público, debido a los gastos extracurriculares.

Para la administración, sería aún más económico que construir un nuevo parvulario, ya que si el valor del cheque es el equivalente a los costes de mantenimiento, los costes de inversión o amortización de la inversión serian nulos, ya que la administración no se hace responsable de la inversión.

Para la generación de ocupación, tampoco dispongo de datos, pero estaríamos en un caso similar al del concierto, donde no parece que este modelo amplíe el número de puestos de trabajo.

En lo que se refiere a la calidad, el cheque no la garantiza ya que como hemos apuntando antes, cada familia puede dedicar el cheque al parvulario que desee.
Más y mejor bajas de maternidad

Otra opción radicalmente diferente sería un incremento del tiempo de las bajas de maternidad. Si ahora estamos en un subsidio de duración de 16 semanas en el régimen general y en los casos estándares (1 hijo, no prematuro, no discapacitado, etc…).

Aunque no he encontrado ninguna estadística oficial de la UE comparativa sobre duración de la baja de maternidad, en el blog “bebes y más” se muestra la comparativa entre países europeos. Como se observa, España no es de los países con una baja de maternidad más alta. Y queda claro que a menor tiempo de baja de maternidad, mayor necesidad de plazas de parvulario.

Por lo que una política de ampliación de la baja de maternidad implicaría una reducción de la necesidad de plazas de parvulario.

Impacto del modelo Aumento Baja

Para las familias, sería más económico que ir a un parvulario, ya sea público o privado, ya que en el régimen general, se garantiza el salario de la madre. Ahora bien, para las familias con madres autónomas, quizás la ayuda por la baja de maternidad sea inferior al sueldo que percibe menos la cuota del parvulario, entonces, no sale a cuenta a no ser que se modifique la baja de maternidad para trabajadoras autónomas.

Para la administración local, claramente sería más económico ya que no contribuye al gasto que implica la baja de maternidad. Pero quizás en el cómputo general de la Administración, el importe de las bajas de la maternidad puede ser superior al importe de una política de plazas de parvularios de titularidad pública.

Para la generación de ocupación, seguramente en este caso se reducirían los puestos de trabajo, al disminuir la demanda de plazas de parvulario.

En lo que se refiere a la calidad, todo y que el niño se desarrollará en un entorno afectivo, no está garantizado que en el terreno educativo, el niño mejore su desarrollo, ya que la madre dará afecto, pero no es garantía de estimular el desarrollo infantil.
Servicio de cuidadoras infantiles en sus domicilios

Por último, un servicio que apenas existe en nuestro país es el de cuidadoras infantiles en su propio domicilio. En Francia, y en otros países como Inglaterra, Australia o Italia este servicio está muy implantado.

El servicio de cuidadoras en sus domicilios consiste en una red de cuidadoras que se ocupan de un grupo de niños de entre 0 y 6 años, pero lo hacen en su propia casa. Entre los diferentes padres pagan el sueldo a la cuidadora. En algunos casos, como en Francia, el Estado da una ayuda para pagar parte del coste que representa la cuidadora a las familias. Además existe toda una legislación que garantiza la calidad del servicio.

Aquí en España, este servicio está poco desarrollado, aunque hay algunas iniciativas en marcha, como la Asociación SADAPI, que desde hace unos años ofrece este servicio de cuidadoras infantiles en sus domicilios.

Impacto del modelo Cuidadoras

Para las familias, puede ser más económico que ir a un parvulario, según el precio hora de la cuidadora (en el caso francés, hay tarifas de 3€ brutos/hora) y sobre todo si hay una ayuda pública (como el caso francés).

Para la administración será más económico, ya que puede aportar la misma aportación que ya realiza por el mantenimiento de una plaza, pero no asumirá una inversión como la de construir una plaza de parvulario, ya sea pública o privada.

Para la generación de ocupación, no queda claro que este modelo genere más ocupación, ya que ya existe un mercado de cuidadoras, a domicilio y no en su domicilio. Pero este modelo puede reglar un sector de ocupación que hoy en día es economía sumergida y por lo tanto contribuye a aumentar las arcas de la seguridad social.

Por lo que se refiere a la calidad, si el sistema de cuidadoras en su domicilio está bien reglado, la calidad de la educación de los niños está asegurada.

Conclusión

A modo de resumen las 4 propuestas se pueden observar en esta tabla.

   
Y a modo de conclusión, parece que la opción de Cuidadoras en su domicilio es el modelo que beneficia a los requisitos establecidos (precio familias, precio administración, impacto en empleo y calidad educativa).

Ahora bien, este modelo rompe con los modelos actuales (parvularios y cuidadoras en casa), pero, estamos en medio de una crisis que está rompiendo los moldes de nuestra sociedad, y tenemos que aventurarnos a proponer políticas nuevas, alternativas.

Políticas del siglo XXI para problemas del siglo XXI. ¿Nos atrevemos?

PD1: Acerca de la equidad, tengamos en cuenta que esta no sólo consiste en garantizar la igualdad en el acceso a servicios con independencia de la renta de cada familia, sino también garantizar la misma calidad entre el servicio que ofrece la administración y el que provee el mercado. De hecho, volviendo a la Ley de Educación de Catalunya, el artículo 56.5, ya indica que “la educación infantil debe adaptarse a las necesidades de los niños y niñas y de las familias y deben adoptar diversos modelos de organización, funcionamiento y asesoramiento que permitan conciliar con la vida laboral la responsabilidad primordial de las familias en la crianza y la educación de sus hijos.

PD2: Otra cosa seria la revisión del sistema actual de parvularios públicos, pero para modificar dicho modelo, el primer paso sería cambiar las condiciones laborales de los profesionales de las guarderías públicas, pero para ello, hay que modificar el régimen funcionarial de estos trabajadores públicos, pero es tema para otro post….

Copago con C de Ciudadano

 Copago con C de Ciudadano

por Miquel R. Planas (@miquelrplanas) 24/11/11

La crisis financiera actual tiene una afectación global, que, de forma muy sencilla podemos resumir en este esquema:


Por lo tanto, al final de la cadena, la Administración pública ve como se reducen sus ingresos tributarios, y si a esto añadimos cómo está el mercado del crédito, conclusión, la Administración Pública tiene menos recursos para realizar sus políticas públicas.

¿Qué puede hacer la Administración frente a la reducción de ingresos?
Si no hay ingresos tributarios y la capacidad de endeudamiento de las Administraciones públicas ya está al máximo, sólo quedan 2 opciones:

      Reducir gasto, que se traduce en eliminar o reducir servicios públicos
      Aumentar ingresos, mediante la subida de impuestos, la privatización de servicios o el pago del uso de los mismos.

Frente a estas dos opciones y sus derivadas, quedémonos un momento con el pago del uso de servicios públicos, o lo que, otramente se llama el copago.

¿Qué es el copago y existe?
El copago es el hecho de pagar dos veces por el uso de un servicio público. Se le llama copago porque se considera un segundo pago al servicio que usamos, ya que se deduce que ya se ha pagado anteriormente ese servicio vía impuestos.

Y sí, sí que existe el copago en los servicios públicos. De hecho esta generalizado en nuestra sociedad. Aquí algunos ejemplos:

Transporte público: El precio que pagamos para usar el autobús o el tren (servicio público) es copago. De hecho no es el 100% de su coste como mucha gente se cree. En Barcelona, por ejemplo, estamos pagando el 40% del coste del uso del metro o del autobús, como se puede ver en esta presentación de la Generalitat del 2009 sobre financiación del transporte público.
Educación infantil: tal como comentábamos en un artículo sobre parvularios (parvularios del futuro), las familias pagan1/3 parte del coste de mantenimiento de las plazas en parvularios públicos, por lo tanto, hacen un copago de un servicio público.
Educación superior: en otro artículo (¿Hacia dónde va nuestra política universitaria?) analizábamos las tasas de matrícula para las universidades públicas, luego, copagamos parte de su coste.
Sanidad: el sistema sanitario público es gratuito a lo que se refiere a la consulta y atención médica y al tratamiento durante el ingreso hospitalario. Pero fuera del hospital, los ciudadanos pagamos parte del coste de los medicamentos, con gran descuento, pero copagamos.
Agua: ya apuntábamos en un artículo de julio de 2011 (cuatro gotas de agua) que el precio del agua era un precio político, es decir, que estaba por debajo de su coste,  y por lo tanto realizamos un copago para el suministro de agua. Primero pagamos nuestros impuestos, que en parte se dirigen a inversiones y mantenimiento de infraestructuras de abastecimiento de agua y después, vía factura, pagamos otra parte de las inversiones y el mantenimiento.

Por lo tanto, matemos el tabú al copago.

El copago hace tiempo que existe en la prestación de servicios públicos, por lo que la aparición de nuevos copagos no debería ser tan alarmante como aparece a veces en los medios de comunicación.
Otra cosa es qué tipo de copago aplicamos, veamos.

¿Qué tipo de copago?
Una vez vista la existencia del copago, y por lo tanto, que puede ser una opción para incrementar los ingresos que permitan mantener los servicios públicos, habría que decidir qué tipo de copago queremos implantar, si proporcional o sujeto a una variable, ya sea, el uso, la renta u otras variables.

Pongamos el ejemplo del copago y las personas jubiladas. Cuando nos jubilamos, tenemos ventajas en el copago frente a otros ciudadanos: el transporte público es más económico o el pago de fármacos es menor.

Pero ¿tiene sentido que una persona jubilada con la máxima pensión (alrededor de los 2.000€/mes) tenga los mismos descuentos que una persona jubilada con la pensión mínima?
O, ¿por qué un jubilado con la máxima pensión tiene descuentos en el copago de servicios públicos, pero no los tiene una persona con ingresos inferiores a los 1.000€ y 1 hijo a su cargo?

Quizás deberíamos implantar un descuento al copago proporcional a la renda. Es fácil, si vinculamos el acceso a los descuentos utilizando el DNI electrónico (ese gran olvidado de la política de modernización de la administración pública).

Un uso generalizado del DNIe así como una sincronización entre bases de datos de Administraciones públicas, permitiría aplicar una política de copago sujeto a renta, con la introducción del DNIe como paso previo a la compra de un billete de transporte o del pago de un medicamento en la farmacia.

Otra opción al copago es en función del uso. Por ejemplo el uso que se hace de la educación universitaria.

Cuando una persona se matricula por segunda o más veces a una asignatura, tiene un coste mayor que si solo se matricula una vez. Esta política premia al estudiante que se saca la asignatura a la primera, pero no penaliza al que hace un uso indebido de la asignatura (yo me puedo matricular las veces que quiera en una asignatura siempre y cuando no la suspenda un máximo de veces).

¿Por qué no incrementar exponencialmente el precio de la matrícula en caso de abusar de la matriculación en asignaturas?

De hecho el copago incremental en el uso de los servicios públicos ya existe. Por ejemplo, en el caso del consumo del agua, dónde la tarifa varía en función de tramos de consumo de m3 de agua (vean sino su próxima factura de agua).

Excepciones que confirman la regla
Estoy convencido de que algunas de estas propuestas pueden sulfurar a más de un lector, escandalizado por el hecho que estas políticas perjudican a familias con una renta individual alta, pero una realidad familiar precaria (2 o más hijos, con persona mayor dependiente en casa y pagando una hipoteca al alza gracias a la evolución del Euribor, etc…).

Para estos casos, las políticas de copago deben tener excepciones. Esta es la responsabilidad de las administraciones: diseñar políticas que garanticen la equidad para los colectivos desfavorecidos, los que queda claro que son desfavorecidos, pero también los que sobre el papel no lo parezcan.

Precio justo
El copago es simplemente, como apuntábamos más arriba, otra fuente de ingresos para sufragar los gastos. Y es que aquí está el dilema de los servicios públicos. Estos deben tener su precio justo.

Los responsables públicos deben saber cuál es el coste real de los servicios que ofrecen. Deben saber el coste  real, y el coste unitario, así como el punto muerto de los servicios.

A partir de este conocimiento, aplicar una política de ingresos que cubra estos costes o que hasta los supere, para así poder compensar entre usuarios (perdón, ciudadanos) el uso que otros ciudadanos tienen derecho a hacer de los servicios públicos pero que no pueden pagar.

Así, el copago, es una política, que bien diseñada, puede ayudar a mantener servicios públicos para usuarios que no pueden pagar servicios privados alternativos, gracias al pago del uso de los servicios públicos por parte de quienes sí que pueden pagar servicios privados alternativos. Por eso copago empieza con C, de Ciudadano.